Con el objetivo de conversar sobre los avances en la implementación de la reforma laboral , la secretaria del Trabajo y Previsión Social , Luisa Alcalde Luján , recibió a la embajadora Katherine Tai, representante Comercial de Estados Unidos, en las instalaciones de la STPS.
En este sentido, ambas coincidieron en que el respeto a los derechos laborales debe ser uno de los ejes rectores del comercio, y que el T-MEC debe traducirse en mejoras de las condiciones laborales y salariales de las y los trabajadores.
En el encuentro, Alcalde Luján expresó que el nuevo modelo laboral también tiene como objetivo mejorar el poder de negociación de los trabajadores y que éstos puedan ejercer el derecho a defenderse a través de un sistema de justicia laboral imparcial e independiente.
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Para ello, insistió en los cambios más relevantes del nuevo modelo laboral, como son los procesos de consulta a los trabajadores mediante el voto personal, libre, directo y secreto; el impulso a la proporcionalidad de género en las directivas sindicales; la transparencia y rendición de cuentas de los organismos gremiales y la verificación de la autoridad en el cumplimiento de estos procesos.
En su oportunidad, la embajadora Katherine Tai acentuó que la legitimación de contratos colectivos de trabajo es central para que la reforma pueda lograr un cambio de paradigma en el mundo laboral y rompa las inercias del pasado.
Asimismo, señaló que la experiencia y las circunstancias de la renegociación del T-MEC dejaron en claro que nuestros destinos están entrelazados y el éxito de uno representa éxito para el otro. Para finalizar, subrayó la importancia del trabajo conjunto para atender los desafíos que representa el acuerdo.
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En tanto, el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo, explicó que el área a su cargo trabaja en informar a los trabajadores sobre la importancia del proceso de legitimación y sus consecuencias y con los empleadores, dejar en claro su papel en los mismos, para que eviten caer en actos de intimidación u obstaculización y de esta manera garantizar procesos democráticos.
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