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El argumento de “yo no fui, fue el despacho fiscal que contraté” ya no será válido para zafarse de la responsabilidad de pagar impuestos como se debe. Nos dicen que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que tiene como jefa a Raquel Buenrostro, se anotó un punto a favor al llevar a las arcas del gobierno 2 mil millones de pesos de una revisión que hizo a una de las cerveceras más importantes del país, conocida en el mundo por su marca Corona. Nos cuentan que es un monto importante sin que interviniera el abogado de la Secretaría de Hacienda para hacerle manita de puerco a Grupo Modelo. El monto recuperado no es nada despreciable si se considera que la empresa paró actividades al considerarla actividad no esencial ante el Covid-19.
Presión por etiquetado
Nos reportan que fabricantes de alimentos y bebidas preenvasadas con plantas industriales pequeñas y medianas enfrentan un grave problema por el nuevo etiquetado. A pesar de que el gobierno dijo que hasta el 30 de noviembre se sancionará si los productos no tienen los sellos de alerta de exceso de grasas, calorías y azúcares, nos dicen que Walmart ya les avisó que tienen hasta el 15 de septiembre. El problema es que muchos proveedores tienen inventarios con el etiquetado actual y, ante ese menor plazo, tendrían que tirar ese producto. Nos cuentan que hay fabricantes que piensan en una campaña contra la cadena comandada por Guilherme Loureiro.
Cofece se pone digital
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que preside Alejandra Palacios, se ha enfrentado en los juzgados con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en la regulación de temas digitales, pues ambos aseguran que es su atribución. En referencia al tema, hace días un usuario de Twitter escribió “‘no todo lo digital son telecomunicaciones”, una playera que diga...’, a lo que Palacios agregó “primera en ponérmela”. Sin embargo, Javier Juárez, comisionado del IFT, salió a la defensa del organismo, indicando que “además de las camisetas, es importante discutir a fondo el tema”. Parece que sólo los jueces podrán resolver el dilema en temas que dividan a reguladores, comentan.
