El pasado 31 de enero, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dieron a conocer el Programa Anual de Evaluaciones 2018 (PAE 2018).
El PAE 2018 es el proyecto anual en el cual se definen programas, políticas públicas y fondos de aportaciones federales, que serán sujetos a algún proceso de evaluación durante el año en curso.
Las evaluaciones son el instrumento de implementación básico de la estrategia conocida como Presupuesto basado en Resultados (PbR), la cual se comenzó a implementar en México a partir de 2006.
Bajo este nuevo esquema, además de aprovechar al máximo posible los ingresos fiscales disponibles —que en ISR e IVA, en 2016 ascendieron a 14.4% como proporción el PIB, por debajo de la media de Latinoamérica de 15.8%—, el gobierno federal se encarga de someter a un análisis riguroso que resalte el cumplimiento de los objetivos de los programas en los que se ejerce el gasto público.
En términos generales, las evaluaciones son mecanismos técnicos que examinan la existencia, seguimiento y áreas de mejora de los requerimientos mínimos de planeación y ejecución en los programas federales.
La finalidad de éstas radica en garantizar que el ejercicio fiscal se lleve a cabo de forma eficiente, eficaz, transparente y económica.
Adicionalmente, se busca que cada programa tenga un objetivo o necesidad definido de manera sencilla y clara, producto de un estudio minucioso de las necesidades estructurales del país, y en concordancia con el marco jurídico expresado en Plan Nacional de Desarrollo; con la finalidad de evitar que el ejercicio de dinero público sea discrecional y no contribuya al desarrollo de las necesidades del país.
En el caso de México, el PAE se ha llevado a cabo desde 2007 y ha sido una herramienta de política pública fundamental para medir y mejorar la eficiencia del gasto federal desde su inicio, así como de transparencia ante la sociedad civil.
Uno de sus aciertos es la participación del sector privado que elimina de posibles conflictos de interés al dictaminar de manera objetiva, mediante metodologías que año con año se perfeccionan, el diseño y ejercicio del programa público. Estos esfuerzos culminan en un presupuesto público mejor gastado, lo que es fundamental ante un consenso mundial que pugna por contracciones fiscales cada vez más severas.
No obstante lo anterior, aún existen retos importantes en su implementación, entre ellos destacan un mayor acompañamiento al Coneval, órgano que ha sido fundamental para dotar de imparcialidad sus resultados al contar con autonomía técnica y de gestión para garantizar la objetividad en la medición de la pobreza y la evaluación de programas sociales ejercidos con dinero público, por parte de la sociedad civil y de la iniciativa privada con el objetivo de promover una cultura del escrutinio riguroso y confiable de la administración pública.
Por otro lado, ante recortes presupuestales y por ende la reducción de metas a alcanzar, es necesario ampliar el seguimiento de sus implicaciones en las poblaciones que no lograron ser beneficiarias y ofrecer alternativas que optimicen la operación actual y diagnostiquen su cobertura en el corto plazo.
Asimismo, deben agilizarse los tiempos de respuesta entre los resultados de una evaluación y la toma de decisiones para mejorar el desempeño del programa.
Una posible solución que merece ser explorada se encuentra en la implementación de nuevas tecnologías en el proceso de evaluación para recabar información en tiempo real a bajo costo.
En resumen, la evaluación de programas presupuestarios o dicho de otra manera de las políticas públicas que atienden las necesidades más prioritarias en nuestro país, es un instrumento que debe perdurar y perfeccionarse continuamente de manera indefinida.
Para ello, la consultoría especializada brinda un valor agregado importante al aportar una visión transversal en los procesos de evaluación acorde a los planes sectoriales y el mismo PND.
De continuar en 2019, el PAE se estaría implementando exitosamente de manera ininterrumpida durante tres administraciones presidenciales, dos de ellas encabezadas, hasta ahora, por partidos políticos distintos.
Para nuestro gobierno, la continuidad de esta herramienta de evaluación es un legado fundamental que le brinda certidumbre a la sociedad civil y al sector privado sobre el conocimiento del ejercicio de responsabilidad hacendaria que todo gobierno debe cumplir, siempre con miras de alcanzar el mayor desarrollo social posible.
Para nosotros como sociedad, es una herramienta necesaria que debemos aprovechar para informarnos, tomar mejores decisiones y exigir mayores resultados.
Vicepresidente de Consultores Internacionales