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Nueve de cada 10 adultos residentes de áreas urbanas en México consideraron que la corrupción es una práctica frecuente entre los empleados del gobierno estatal, informó el Inegi.
De acuerdo con un documento elaborado por el instituto a propósito del día internacional contra la corrupción (9 de diciembre), las principales causas para realizar el acto ilícito es para obtener beneficios personales, como dinero, regalos o favores por la provisión de algún bien o servicio.
Pese a que la ocurrencia de hechos de corrupción, no es tan alta como la percepción de ésta.
La proporción de personas adultas víctimas de al menos un acto de corrupción se incrementó en los últimos años, al pasar de 12.1% en 2013 (3.6 millones de personas) a 14.6% de la población (5.2 millones) que en 2017 tuvo contacto con algún servidor público.
Esto significó que en 2017 la tasa de incidencia de corrupción (25 mil 541 delitos por cada 100 mil habitantes) fuera más alta que la tasa de incidencia delictiva de robo en calle o transporte público.
Respecto a las empresas, 247 mil 267 establecimientos fueron víctimas de corrupción en 2017. La prevalencia del ilícito aumentó entre 2013 y 2017, para colocarse en un nivel de 5.4% del total de establecimientos el año pasado.
Durante el año pasado, 3.1 millones de personas reportaron que habían otorgado dinero indebidamente para obtener algún trámite o servicio público, cuyo monto total ascendió a 7 mil 218 millones de pesos; la cantidad fue equivalente al presupuesto federal destinado a tres programas sociales: estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, comedores comunitarios y el de coinversión social.
Se estimó que las empresas desembolsaron por sobornos mil 612 millones de pesos en 2016.
Así, el costo promedio de los sobornos por unidad económica se calculó en 12 mil 243 pesos, mientras que cada persona víctima de corrupción pagó por este concepto alrededor de 2 mil 273 pesos.
De acuerdo con los tipos de trámites o solicitud de servicios que realizaron las personas en 2017 y las empresas en 2016, a escala nacional, los ámbitos en los cuales se presentaron actos de corrupción con mayor frecuencia fueron en la interacción con autoridades de seguridad pública y en trámites relacionados con la justicia, principalmente en el Ministerio Público o ante juzgados.