Los candados que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y a México Infrastructure Partners (MIP) para comprar 13 plantas de generación de electricidad a la española Iberdrola no limitan al regulador antimonopolios para seguir analizando el mercado eléctrico.
El fallo de la Cofece de la semana pasada no permite que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) opere o administre esas centrales.
La comisionada presidenta de la Cofece, Andrea Marván, explicó a EL UNIVERSAL que las condiciones bajo las cuales se debe realizar la operación es que se garantice la independencia de las plantas y que su administrador sean Fonadin y MIP, o un tercero independiente.
Esas condiciones se podrían volver a analizar incluso después de 10 años, señaló en entrevista.
El planteamiento que presentó el gobierno es que el Fonadin adquirirá las plantas y que las operará MIP, detalló Marván. Además, no se permitirá que directivos de ambas instancias tengan cargos o ejerzan alguna función en una empresa competidora, como lo sería la CFE.
Si se quiere contratar a un directivo o encargado no deberá haber trabajado en alguna empresa competidora en los últimos cuatro años anteriores a su nueva designación.
Además, si bien el Fonadin puede comprar las 13 plantas en un primer momento, deberá reducir su participación a 51% por dos años.
“Tiene 24 meses para que reduzca su participación, pero no se la puede vender a CFE. Tiene que ser a inversionistas calificados”, dijo Marván, “por eso se establecieron mecanismos y controles para que la administración de la planta o cualquier decisión estratégica sea adoptada vía votos calificados de inversionistas o con la intervención de consejeros independientes, y deben cumplir con ciertos requisitos”.
La comisionada presidenta de Cofece afirmó que los compradores deben evitar el intercambio de datos o información sensible o estratégica entre competidores.
El Fonadin tiene que “designar a un administrador profesional independiente que sea el encargado de tomar decisiones relativas a la operación de las plantas”.
“Estas condiciones tendrán una vigencia de 10 años y serán verificadas anualmente por la Comisión”, agregó. Pasada esa década, la Cofece podrá revisar nuevamente la situación del mercado, añadió Marván.
Comentó que “la resolución se tomó el 13 de febrero, se notificó el 14 de febrero y el 15 se anunció. A partir de que se les notificó, todos los involucrados tienen 10 días para aceptar estos compromisos”.
Cuando acepten, agregó, podrán concretar la compraventa de las plantas a Iberdrola, estimada en 6 mil millones de dólares.
Marván expuso que pese a que el gobierno puede comprar esa infraestructura, todas las condicionantes están diseñadas “a fin de garantizar la independencia”.
