cartera@eluniversal.com.mx
Existen muchos huecos que se pueden cerrar para combatir el robo de combustibles, incluso antes de que se aplique la nueva Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, consideró el fiscalista Rafael Lores.
El fisco puede establecer normas obligatorias, como exigir que se pida factura en la compra de gasolina en las estaciones de servicio, como sucede en otros países como en Chile.
Actualmente, las ventas de gasolina del día o del mes, en las que no se pide factura o se pagan en efectivo, se engloban en un sólo Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en el que se pueden manipular las cifras, advirtió el especialista.
Además, dijo que los gasolineros que están evadiendo al fisco o que son parte del negocio del huachicoleo pueden colarse para gozar de los beneficios que dará la nueva Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana.
Se prevé que con esa ley los contribuyentes se inscriban a un padrón en el cual manifestarán bajo protesta de decir verdad que no son evasores y no serán auditados a menos que salgan elegidos en el sorteo que realizarán las autoridades.
Añadió que la ley fue aprobada por el Congreso de la Unión, pero falta que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Una vez publicada, se tendrá que emitir el reglamento con las disposiciones secundarias en los 90 días siguientes.
Se creará un órgano rector que aprobará las acciones y programas sectoriales, el cual estará integrado por el sector público y privado, así como por académicos.
Los contribuyentes, tanto personas físicas como morales, podrán inscribirse de manera voluntaria a un Padrón Único de Fomento a la Confianza, que representará un acto de buena fe sobre su situación fiscal, que no deben nada, no son evasores y que se comprometen a estar al corriente de sus obligaciones. Lo anterior los convertirá en beneficiarios de programas y acciones sectoriales que serán aprobadas en su momento.
De ese padrón, sólo se revisará a 1% de los contribuyentes, es decir, una muestra mucho mayor a lo que hace actualmente el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con el fiscalista.
Para ello, el órgano dependiente de la Secretaría de Economía determinará la forma y periodicidad de la selección de los que serán sujetos a fiscalización. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha comentado que el método será por medio de un sorteo.
Advirtió que los contribuyentes que se inscriban deben tener cuidado en ver lo que van a firmar para estar en el padrón.
Fiscalización digital. Para Rafael Lores, el SAT no debe desaprovechar la fiscalización digital y menos ahora que hubo miles de despidos de empleados: “Como ya no van a necesitar tanto personal para hacer ese trabajo porque se sustituirá con las herramientas digitales, desde el buzón tributario, se puede determinar un crédito fiscal sin haber ido a visitar al contribuyente”.
El fiscalista refirió que actualmente se llevan a cabo más de 170 mil actos de fiscalización en el país que pueden ser millones si se hacen actos de revisión digital: “Si tenemos una gasolinería, automáticamente el sistema encontrará una discrepancia [fiscal] entre los datos de la estación de servicio y los del SAT”, ejemplificó.
De esa manera, agregó, de inmediato se le manda un requerimiento pidiendo información con la explicación, a través del buzón tributario.
Aseguró que al sacarle jugo a toda la parte digital, es probable que se alcance la meta de aumentar en 11% la recaudación de impuestos a cargo del SAT para 2019, e incluso se rebase.
Lo anterior, en un contexto en el que se espera una desaceleración de la economía, porque por sí sola no dará más ingresos tributarios, por eso se deberán hacer más actos de fiscalización.
“Con eso ya se les mandó un correo a los que pueden tener discrepancias, y el funcionario se puede dedicar a darle seguimiento a la información que le manden y ver si lo están respondiendo bien; si no, entonces se empiezan hacer actos presenciales, pero ya sobre algo”, dijo Lores.
Del total de 60 millones de contribuyentes que hay en el padrón, 7.7 millones son fiscalizables, porque son las empresas y contribuyentes personas físicas que emiten facturas.
“Hay 2 millones de personas morales y 5.7 personas físicas, esas son las que facturan y emiten 250 por segundo en el país; si se tiene identificado el universo de contribuyentes y tienen las facturas, es sencillo detectar una discrepancia con los medios digitales y modelos de riesgo”.
Al tercer trimestre de 2018, los mayores actos de fiscalización se hicieron por medio de entrevistas luego de detectarse una discrepancia fiscal, método mediante el cual, por lo general, se genera una recaudación.