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El robo de identidad, problema que se manifiesta sobre todo en el sector financiero, así como la duplicidad y los padrones falsos de programas sociales, obligan al gobierno a considerar contar con la información biométrica de huellas digitales, rostro e iris de todos los mexicanos.
La Secretaría de Gobernación (Segob) analiza adquirir licencias de un software especializado en esos tres datos biométricos y equipamiento para cumplir con el nivel de procesamiento y almacenamiento de información, arroja un informe clasificado como reservado y cuya fecha de desclasificación es el 29 de octubre de 2024, mismo que está en poder de EL UNIVERSAL.
Estos datos se vincularán a la Clave Única de Registro de Población (CURP) para conformar la base definitiva del Registro Nacional de Población (Renapo), pues la identidad de al menos 117 millones de mexicanos que no tienen registro biométrico está en riesgo “todos los días del año, en cualquier lugar y bajo las situaciones menos sospechadas”.
De acuerdo con previsiones del Consejo Nacional de Población (Conapo) para el inicio de 2020, en el país coexisten 127 millones 192 mil mexicanos.
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La Segob señala que, hasta ahora, el Estado mexicano “nunca ha podido atender y hacer cumplir la ley, por lo que no ha podido brindarle a toda su población la certeza mínima y necesaria de que no le roben lo más importante que tiene después de la vida: su propia identidad”.
El documento también dice que se reconocen debilidades del sistema que acredita fehacientemente la identidad de las personas.
Por ejemplo, se dispone de información con “calidad deficiente por fallas en la captura, desactualización de las bases de datos, multiplicidad de errores de registros y carencia de uniformidad en la captación de datos por parte de las entidades registradoras”.
Además, detecta la falta de políticas y procesos estandarizados y homologados para la captación, por lo que frecuentemente se encuentran documentos con errores de origen o en la asignación de la CURP, malas prácticas en el tema registral y resistencia de ciertas dependencias a compartir información.
Asimismo, se enfrenta la falta de herramientas tecnológicas de validación de registro de personas, porque se trabaja con tecnologías obsoletas e inadecuadas.
La Secretaría de Gobernación estima que con los equipos solicitados, cuyo costo asciende a 600.7 millones de pesos, en el primer año puede obtener las identidades biométricas de 50 millones de mexicanos; en el segundo, 30 millones, y en el tercero, otros 20 millones.
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“Conforme a la estrategia que se implemente para la captación de registros, se podrían sumar por lo menos otros 20 millones de identidades en un cuarto año”, plantea.
Esto facilitaría las diversas operaciones cotidianas entre sectores público y privado mediante la identidad biométrica como apertura de cuentas bancarias, transferencias, compras, inscripciones a padrones, entre otros.
La Segob advierte entre los posibles riesgos que pueden frenar el proyecto a las decisiones políticas que no permitan realizar la inversión o concretar el plan, no contar con servicios de cómputo y almacenamiento necesario para recibir la información biométrica y no tener el personal suficiente para operar el proyecto de inversión.
Problemática compleja
“Actualmente el sistema cuenta con información de fotografía, iris y huellas dactilares de 10 millones 100 mil 578 personas (niños y adultos con vinculación CURP), información que fue entregada por dependencias de la Administración Pública Federal como el IMSS, ISSSTE y el Seguro Popular”, destaca la Segob.
La secretaría estima que al cierre de 2019 había 117 millones 114 mil 726 personas sin CURP con información biométrica, datos necesarios para la unicidad de los registros de población nacional.
Los efectos directos e indirectos de no contar con los datos biométricos de la población son que “no se logra tener certeza en la identidad de las personas abriendo espacios para el acceso indebido a beneficios en trámites y servicios a personas que no tienen derecho, afectando a quien si lo tiene, generando pérdidas millonarias y permitiendo la existencia de personas con múltiples identidades que cometen delitos con impunidad, así como la indefensión de grupos vulnerables como robo de infantes, trata de personas, evasión fiscal, falsificación de documentos, fraude y suplantación de identidad, entre otros”.
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En el ámbito judicial, dice que con las nuevas tecnologías se han incrementado los delitos de falsificación y robo de identidad, que afectan el patrimonio de las personas y el clima de negocios de las empresas.
El documento avalado por el director adjunto de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad, Armando Robinson Álamo, con fecha del 23 de octubre de 2019, refiere que la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reportó 67 mil 401 reclamaciones por posible robo de identidad en 2018.
Además, nueve de cada 100 fraudes se dan por un posible robo de identidad, por causas como apertura de cuentas no solicitadas ni autorizadas, crédito no reconocido en el historial crediticio, crédito otorgado sin ser solicitado ni autorizado, emisión de tarjeta sin solicitud y disposición en efectivo en ventanilla o sucursal no reconocida.
El monto reclamado en 2018 ascendió a 2 mil 288 millones de pesos, de los cuales los bancos abonaron 49.1% de lo reclamado, equivalente a mil 21 millones de pesos.
Con relación a la usurpación de identidad, México ocupa el octavo lugar a escala mundial en incidencia de este delito.
