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Un juez federal desechó un juicio de amparo de Felipa Guadalupe Obrador Olán , prima del presidente Andrés Manuel López Obrador , por consideralo " notoriamente improcedente" , con el que buscaba seguir participando en licitaciones de Petróleos Mexicanos ( Pemex ).
En el amparo promovido señala que el memorándum 016/06/13/19, del 13 de junio de 2019, emitido por el presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, dirigido a los secretarios del Gobierno Federal, directores de empresas u organismos paraestatales y a los servidores públicos en general (al provocar, según aduce la promovente, vulneración a su derecho al trabajo, por vetarla y no poder realizar contratos con empresas públicas y privadas, al ser la apoderada de la sociedad quejosa, prima del presidente).
Felipa
Guadalupe
Obrador
se refiere concretamente a la resolución dictada el 10 de diciembre de 2019, por el coordinador de Abastecimiento para Explotación y Producción, residente en Villahermosa, Tabasco, en el que se determinó la rescisión del contrato de servicios número 688220805, por incumplimiento del proveedor.
El pasado 16 de diciembre de 2020, Petróleos Mexicanos ( Pemex ) informó que rescindió cuatro contratos por un monto global de 312 millones de pesos a las empresas relacionadas con Litoral Laboratorios Industriales -propiedad de la prima del presidente-, además de relevar de su cargo a diversos funcionarios de la petrolera estatal empresa, después una amplia revisión de su relación comercial.
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Las empresas a las que se les canceló su contrato son Marinsa de México, Química Apolo, Maren Marine Energy, Movilab, Mensurada, Laboratorios ABC Química, Investigación y Análisis y Gamatek.
La decisión, según comentó la petrolera, tiene que ver con la contravención a la instrucción del presidente de México, consistente en evitar que “se lleven a cabo negocios de miembros de su familia con el gobierno”.
Como consecuencia fue relevado de su encargo el gerente de contrataciones de la Coordinación de Abastecimiento para Pemex Exploración y Producción, Alejandro Flores Torres.
Para determinar su grado de omisión, se encuentran en proceso de investigación laboral los servidores públicos Claudia Angélica Velarde Torres y José de Jesús Corrales Arroniz, quienes participaron representando a las áreas jurídica y técnica, respectivamente.
La suma de las partidas asignadas a estas empresas podría ascender a 312 millones de pesos para los cuatro contratos rescindidos. A Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de la prima del presidente, le habría correspondido un monto máximo de 77 millones 700 mil pesos.
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