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Madrid.— El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, rechazó la puesta en libertad de Alonso Ancira, por lo que el dueño y presidente de Altos Hornos de México (AHMSA) deberá permanecer en una prisión española hasta que se resuelva su extradición a México, confirmaron a EL UNIVERSAL fuentes de la dependencia judicial.
La justicia española consideró que en el caso del empresario persiste el riesgo de fuga, por lo que desestimó el recurso de reforma de su abogado Ismael Oliver, que solicitó la libertad de Ancira por considerar que no cometió los delitos de fraude y corrupción que se le imputan.
El directivo debe permanecer a disposición de la justicia española durante todo el proceso de extradición a México.
El letrado de Ancira mantiene su inocencia y enfatiza que su captura no está justificada en términos jurídicos, ya que es fruto de una venganza orquestada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Preso en un reclusorio de Mallorca, su estado de salud es delicado, de acuerdo con su abogado. El empresario mexicano, de 67 años, está aquejado de diabetes y necesita tomar varios medicamentos al día.
El director de AHMSA rechazó su entrega a las autoridades mexicanas el pasado 28 de mayo durante el interrogatorio al que fue sometido por el juez Pedraz, que le preguntó si aceptaba ser extraditado a México.
La policía española capturó a Ancira en mayo en el aeropuerto de Palma de Mallorca, en cumplimiento de la orden de aprehensión internacional emitida por el gobierno de México en su contra.
El gobierno mexicano giró la ficha de captura con base en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que detectaron transferencias irregulares realizadas desde las cuentas de AHMSA a empresas offshore vinculadas a Odebrecht y al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, que se halla en paradero desconocido y sobre el que pesa una orden de búsqueda y captura internacional.
Entre los delitos presuntamente cometidos por Ancira está la venta irregular a Pemex de una planta chatarra de Agronitrogenados, por la que se pagó un sobreprecio de más de 500 millones de pesos.