Un juez federal concedió una suspensión provisional del Acuerdo sobre la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que promovió la secretaria de Energía (Sener), Rocío Nahle, el pasado 15 de mayo.
Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo especializado en Competencia Económica, concedió la suspensión por el amparo promovido por la organización Greenpeace.
La decisión deja sin efecto, temporalmente, el acuerdo mediante el cual la Secretaría de Energía busca el control total del Sistema Eléctrico Nacional y frenar las inversiones en energías limpias o renovables.
Los amparos de la iniciativa privada que participa en el sector se habían centrado en el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el cual acota la posibilidad de conectar nuevas centrales de energías renovables al sistema de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Greenpace sustenta su amparo en que la política tiene mucho más alcance e involucra a prácticamente todos los productores o generadores independientes, buena parte de los cuales nacieron con las modificaciones a la Ley del Servicio Público de Electricidad, y otros con la reforma energética del sexenio anterior.
La determinación del juez Gómez Fierro señala que deberán suspenderse “todos los efectos y consecuencias del acuerdo por el que se emite la política”.
Sostiene que los sujetos obligados, entre los que se encuentran la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Cenace, “deberán abstenerse de cumplir con las obligaciones generales y particulares del acuerdo reclamado”.
Además, determina que, para no generar un vacío normativo, deberá seguir vigente la política de confiabilidad expedida por la propia Sener en 2017.
Subraya que las autoridades en el ámbito de su competencia están obligadas a cumplir con la suspensión provisional, “aun en el supuesto de que no hubieran sido llamadas como responsables, por lo que deberán abstenerse de seguir los lineamientos de dicha política”.
La Sener podrá impugnar la suspensión provisional ante un tribunal colegiado, que tendrá 48 horas para resolver, mientras que el juez Gómez Fierro tiene como fecha límite el próximo 4 de junio para conceder, si así es el caso, la suspensión definitiva que frenaría el acuerdo.
Greenpace pidió declarar anticonstitucional el artículo 136 de la ley que establece medidas de seguridad que la autoridad puede imponer para garantizar la confiabilidad y continuidad del SEN.
Nahle solicitó con carácter de urgente la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, sin someterlo al procedimiento de mejora regulatoria para demostrar las consecuencias que tendrían las nuevas reglas en el sector.
La política impone pruebas y limitaciones a nuevas centrales de generación de energía renovable, restringe la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o solares y prohíbe la construcción de proyectos en lugares que considere congestionados o con poca capacidad de transmisión, con la finalidad de evitar “sobrecargas en la red nacional de transmisión”.
El ordenamiento jurídico devuelve a la CFE, en su carácter de transportista y distribuidor, un papel proactivo en el diseño y ejecución de la expansión del SEN, mediante la optimización de los costos y asegurando su confiabilidad.
A su vez, considera que el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica es área estratégica del Estado mexicano.
Con información de Manuel Espino