Para organismos del sector privado, la aprobación de los cambios a la Ley Minera hecha durante la madrugada del viernes en la Cámara de Diputados, viola acuerdos comerciales.
El presidente del Comité Minero de la Cámara de Comercio de Canadá en México (Cancham), Armando Ortega, mencionó que “el proceso legislativo de aprobación expedita de la iniciativa minera en la Cámara de Diputados, viola, además, compromisos de buena gobernanza del T-MEC y del TPP-11 o TIPAT”.
Por su parte, la Asociación de Ingenieros de Minas Metalúrgicas y Geólogos de México (AIMMGM) señaló que el proyecto debe analizarse rigurosamente en el Senado.
“Si bien los legisladores de la Cámara Baja mostraron disposición para el diálogo que permitió modificaciones a la iniciativa original presentada por el Ejecutivo federal, el pasado 24 de marzo, en la reforma votada en fast track prevalecen temas relativos a la exploración, pago de contraprestaciones y restricciones que impactarían a la industria que genera 2.5 puntos del PIB y más de 400 mil empleos directos”, señaló la asociación.
En un comunicado, agregó que “el Senado de la República debe convocar a un parlamento abierto y dar el tiempo necesario para realizar un análisis riguroso y una discusión legislativa amplia, incluyente e informada, con la participación de todos los actores involucrados, a fin de acordar cambios adecuados que fomenten el desarrollo de la minería y de México”.
En tanto, el fundador de Fortuna Silver Mines, Jorge Alberto Ganoza, expuso que “la industria minera mexicana es demasiado importante para ser objeto de una legislación de la noche a la mañana, impulsada por la ideología y no por un debate técnico y legal serio”. El empresario minero comentó que la legislación es un retroceso para la industria minera de México, una modificación “sin sentido”.
Por su parte, la compañía Tamino Minerals hizo ver que “hemos hecho el movimiento correcto, hemos decidido mudarnos a Perú, debido a la incertidumbre sobre la inestabilidad política de México”.
De acuerdo con la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de concesiones para minería y agua que planteó Morena, se aumentó el tiempo de concesiones a 30 años, con prórrogas de 25 años, cuando la propuesta del Ejecutivo fue de 15.
El texto establece que se darán concesiones por un mineral, pero en caso de que la empresa encuentre otros minerales podrá extender sus concesiones previo pago de la prima por descubrimiento. Para el caso de explotaciones en lotes ubicados en territorios de zonas indígenas se hará una consulta pública que deberá pagar la compañía.
Un cuadro comparativo de mineras del sector privado, que pidieron no revelar su nombre, señala que el problema está en que la exploración en la iniciativa sigue con un enfoque de control y rectoría por parte del Estado, lo que consideran una imposición que va contra el espíritu de las inversiones.
