A dos años de la puesta en marcha de la reforma laboral que eliminó el uso de la subcontratación, México ha perdido flexibilidad y competitividad en las relaciones laborales contra otros países que tienen modelos más modernos y diversos que permiten a las empresas tener diferentes opciones para contratar, indicaron los directivos de la Asociación Mexicana de Recursos Humanos (AMECH).
Actualmente, el gobierno federal ha impuesto multas por 27 millones de pesos a los patrones que hicieron mal uso de la subcontratación, luego de las tres mil inspecciones que realizaron la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Las empresas siguen teniendo sus reservas respecto al uso de los Servicios Especializados (que sustituyó a la subcontratación), pues aún existen dudas, como en qué momento o qué actividades se pueden utilizar y cuál es la forma correcta de hacerlo”, afirmó Francisco Martínez Domene, secretario de la AMECH.
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En su opinión, “debemos comprender que esta nueva regulación ofrece la oportunidad de subcontratar estos servicios con una empresa especialista externa, encargada de la ejecución parcial o total de los procesos ajenos al objeto social de la empresa y su actividad preponderante registrada ante el SAT”.
Teniendo en cuenta lo anterior, el aspecto primario y fundamental para poder contratar este tipo de servicios, es asegurarse de que el proveedor cuente con la debida acreditación por parte de la STPS, denominada como REPSE (Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas), lo que implica que la autoridad valida que dicha empresa tiene prácticas formales, en cuanto a la tercerización de procesos específicos dentro de la operación de las empresas.
El directivo explicó que las empresas que ofrecen servicios especializados y cuentan con el certificado REPSE, obtienen ciertos beneficios, como generar confianza y credibilidad entre sus clientes, al contar con este registro, aparte de que es obligatorio para quienes ofrecen este tipo de servicios, brinda una mayor confianza y seguridad.
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Ofrece transparencia, que es indispensable para erradicar la corrupción y/o las irregularidades que se pudieran llegar dar en la prestación de los servicios, así como control y regulación que permite que la autoridad una revisión constante, con el fin de mantener un mercado laboral sano para todas las partes.
Francisco Domene indicó que, como segundo punto importante, se debe revisar cuál o cuáles son los objetos sociales de la empresa, tanto en el acta constitutiva como en la constancia fiscal de la misma y con base en ello identificar las áreas y/o procesos que están dentro de las actividades secundarias o de soporte para la operación de la empresa.