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maria.saldana@eluniversal.com.mx
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) coincidieron en que los diputados no los tomaron en cuenta para hacer precisiones a la iniciativa por la que se incorporan los delitos fiscales al catálogo de delincuencia organizada.
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, dijo que seguramente habrá amparos en contra de esos cambios y aseguró que apoyarán a los empresarios en el proceso.
“Claro que estaremos apoyando para que a título individual planteen sus juicios de defensa, sus juicios de amparo”, afirmó el líder del sindicato patronal.
Explicó que les preocupa la “persecución fiscal” que parece darse contra el sector empresarial al catalogar un delito fiscal como parte de la delincuencia organizada, aunque el empresariado está en contra de las empresas que emiten facturas falsas.
“Desde luego que estamos en contra de que existan esas empresas factureras. Estamos a favor que el gobierno aumente la recaudación y nos parece que en los términos en que salió la iniciativa dictaminada mantiene los motivos de preocupación”, afirmó.
En conferencia de prensa, los presidentes de la Comisión Fiscal Nacional de la Coparmex, Reginaldo Esquer; de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Arturo Pueblita, y de la Comisión Fiscal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Luis Curiel, expusieron que promoverán amparos y denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos ante los cambios que consideran un delito fiscal como delincuencia organizada, porque podría afectarse a contribuyentes cumplidos.
Esquer dijo que debido a que los legisladores no los escucharon acudirán al Poder Judicial, el cual ha demostrado en otras ocasiones ser “autónomo e independiente”.
Pueblita dijo que estos cambios podrían frenar las inversiones, la recaudación y el crecimiento económico. Agregó que para que tenga efecto el amparo deberá presentarlo la Coparmex como organización, porque para que proceda un amparo a título personal se requiere que las personas sean acusadas de comprar facturas falsas.
Aseguró que “no existe razón para que a las personas fiscales se les dé el mismo tratamiento que si fueran terroristas, narcotraficantes, y esto se tiene que revisar como acciones de inconstitucionalidad y de violación a los derechos humanos de las personas”.
En un comunicado, el CCE afirmó que, a pesar de que se convocó a un parlamento abierto para escuchar las opiniones de los diversos sectores, los legisladores no consideraron las inquietudes de la sociedad en el dictamen sobre delitos fiscales, como diversas precisiones en el uso de facturas falsas.
Aseguró que la decisión de convertir la facturación falsa como delincuencia organizada podría provocar actos arbitrarios de la autoridad, lo que traerá consecuencias negativas como la incertidumbre jurídica y se afectará la inversión productiva formal en México.
