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El Órgano Interno de Control (OIC) en la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo (APIMAN), dependiente de la Secretaría de la Función Pública, inició una investigación en torno a una red de corrupción de funcionarios en esa terminal, porque venden y entregan contratos de cesión parcial de derechos, sin aval de su Consejo de Administración.
Román Pablo Rangel Pinedo, titular del OIC de la API Manzanillo, notificó a su par, Luis Manuel Ávila Yépez de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que se detectó la entrega de uno de estos contratos a la empresa Logística de Fluidos y Graneles.
En la entrega se hallaron irregularidades que llevaron a considerar que “había elementos para argumentar que la asignación directa APMAN01-035/18 realizada a favor de la empresa no cumple con la normatividad respectiva y los considerandos indicados en la Ley de Puertos y su Reglamento y los servidores responsables pudieran, en su caso, haber incurrido en presuntas implicaciones jurídicas y administrativas”.
Documentos. Notificación al Órgano Interno de Control de la SCT
Añade que el 7 de septiembre, durante la tercera reunión del año del Consejo de Administración de la API Manzanillo, se intentó aprobar la asignación directa, pero los miembros del Consejo argumentaron “falta de precisión en su contenido y redacción al no haberse apegado a la normatividad”.
En el oficio foliado con el número OIC 09/179/363/2018 advierte que a pesar de no estar ratificada el acta correspondiente y haber desacuerdo sobre las condiciones, la autoridad de ese puerto, “suscribió el contrato de cesión a favor de Logística de Fluidos y Graneles”.
El contrato contempla una concesión de superficie de agua de 159 mil 52.42 metros cuadrados, para construir y operar una terminal portuaria para carga, descarga, manejo, almacenaje, alijo, estiba y acarreo de fluidos de cualquier tipo, sea granel agrícola, fertilizantes y carbón por vigencia de 20 años y la posibilidad de que se prorrogue.
Incluso señala que existe una denuncia en el OIC en la cual se presumen presuntas irregularidades administrativas del director general de la API Manzanillo y servidores públicos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
La denuncia presentada y enviada a la oficina de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González, y de la Procuraduría General de la República el pasado 14 de agosto, cuya copia posee EL UNIVERSAL, involucra en esta red a Ovidio Noval Nicolau, director general adjunto de la API Manzanillo; a Ricardo Martínez Suárez, director adjunto de Proyectos Prioritarios Marítimo-Portuarios, y a Alejandro Hernández Cervantes, director general de Puertos de la SCT.
En el anexo del oficio, el OIC sostiene que hay argumentos e irregularidades detectadas en la revisión documental realizada al expediente y contrato de asignación directa a favor de Logística de Fluidos y Graneles que hacen presumir presuntas anomalías administrativas de servidores públicos de esta entidad y la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la SCT.
Y presenta tres argumentos:
—Que el director General de la API asignó directamente una cesión parcial de derechos sin apegarse al acuerdo del Consejo.
—Que la API tramitó dicha solicitud sin contar con toda la documentación que señala la normatividad (Ley de Puertos y su Reglamento) y,
—El contrato número APIMAN01-035/18 presenta inconsistencias que ameritan su revisión.
En el caso del director de la API se sugiere que se investiguen las faltas administrativas.
En el segundo punto, y después de analizar la documentación y el expediente bajo investigación, Ramón Pablo Rangel sostiene que el incumplimiento de la Ley de Puertos y su Reglamento generan implicaciones jurídicas o de presunta responsabilidad administrativa para los servidores involucrados: “Ovidio Noval Nicolau, director General adjunto de la API Manzanillo; a Ricardo Martínez Suárez, director General adjunto de Proyectos Prioritarios Marítimo-Portuarios, y a Alejandro Hernández Cervantes, director general de Puertos de la SCT”.
