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Las secretarías de Hacienda, Función Pública y Comunicaciones y Transportes tienen bajo la lupa el contrato por el servicio de telepeaje en la red de autopistas del Fonadin, que fue la última licitación que se otorgó en el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto, cuatro días antes del final de su mandato, por un costo de mil 321 millones de pesos y con una vigencia al 31 de marzo de 2023.
El contrato adjudicado por Banobras a las empresas Cobro Electrónico de Peaje (CEP), de David Peñaloza, y a la española Sociedad Industrial de Construcciones Eléctricas (SICE), de Florentino Pérez, estaría en riesgo de cancelarse porque las autoridades han encontrado vicios de origen, prácticas ilegales e inconstitucionalidad en actos derivados del mismo.
Las investigaciones apuntan a funcionarios de Banobras, que en el ejercicio de su poder no sólo permitieron una cesión de derechos de CEP y SICE a OSIPASS para la prestación de un servicio público para el cual no se encuentra legitimado —y conlleva un alto riesgo para transitar las autopistas de cuota y también las convierte en un escenario de accidentes—, sino que antepone el interés particular sobre el común y representa un daño patrimonial al Estado porque hay recursos federales de por medio.
La investigación inició en el oficio DO/466/2019 del 31 de marzo de este año, firmado por José David Fragoso Cedillo, director de Operación de Caminos y Puentes Federales (Capufe), quien denunció que el consorcio no pudo tomar la operación del telepeaje el 1 de abril como lo estipulaba el contrato en los 45 caminos y tres puentes (autopistas) de la red Fonadin.
Algunos tramos involucrados son Cuernavaca-Acapulco; Monterrey-Nuevo Laredo; Red México-Cuernavaca; México-Querétaro, y México-Puebla; Durango-Mazatlán, entre otros.
EL UNIVERSAL consultó fuentes del sector sobre la denuncia y encontró que de acuerdo con los técnicos de Capufe, el grupo SICE y CEP no tenía listo su sistema central (backoffice), ni el equipamiento indicado, tampoco estaba 100% para la operación en sitio, es decir, en las casetas.
A pesar de estos incumplimientos que serían motivo suficiente para la cancelación del contrato, Banobras otorgó facilidades extraordinarias y presionó a Capufe para permitir al consorcio realizar pruebas en casetas que se encuentran en operación.
De acuerdo con los primeros informes a los que tuvo acceso esta casa editorial, las pruebas no han funcionado 100% en las primeras casetas liberadas para dicho fin.
Las fuentes consultadas detallaron que los técnicos de CEP y SICE no lograron hacer funcionar el sistema como lo requiere la infraestructura de la red de carreteras del país.
Por ello y antes tales fallas e inconsistencias legales, el gobierno federal a través de las autoridades competentes analiza anular el contrato.
Anomalías. Uno de los principales problemas detectados en la entrega del contrato Prestación de Servicios de Gestión de Cobro de Telepeaje Sujeto a Estándares de Desempeño tiene que ver con que las empresas que obtuvieron los trabajos cedieron los derechos a OSIPASS después de haber firmado el contrato, por lo que Capufe “desconoció la naturaleza jurídica de OSIPASS, porque no contaba con documento alguno en el que se identificará y verificará la participación de dicha sociedad, de manera directa o indirecta, en las obligaciones previstas en los contratos celebrados entre CEP/SICE y Banobras”.
Aun así, Banobras mediante el comunicado DGAF/DGROBC/GOBC/ 151000/0171/2019 del 28 de febrero de 2019, pidió a Capufe reconocer a la entidad OSIPASS como cesionaria de los derechos y obligaciones adquiridos en el contrato original.
Asimismo, Banobras pidió la entrega de infraestructura y sistemas del operador del Telepeaje actual TEDISA al nuevo operador contratado por esta institución financiera.
Por ello, la Dirección Jurídica de Capufe consultó a la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de las secretarías de la Función Pública y de Hacienda y ambas rechazaron tal solicitud de Banobras.
El argumento legal es que “si bien es cierto que en la convocatoria LA-006G1C003-E45-2018, se preveía la posibilidad de ceder los derechos de la adjudicación a una sociedad constituida por los integrantes de la participación conjunta, dicha cesión debía ser formalizada previo a la suscripción de los contratos correspondientes… lo cual no ocurrió así, ya que el consorcio CEP/SICE cedió los derechos de los contratos ya formalizados con Banobras a favor de OSIPASS con posterioridad a la celebración de los contratos, contrario a lo que establece la LASSSP en su artículo 46, quinto párrafo, según el oficio turnado a Emilio Alberto Sanders Peralta, director de Gestión de Recursos y Operaciones de Bienes Concesionados y Delegado Fiduciario de Banobras, con copia al director de Capufe, al Órgano Interno de Control de Capufe, a las secretarías de la Función Pública y Hacienda y Crédito Público y al Órgano Interno de Control de Banobras.
Con todo, ante todas las inconsistencias detectadas, el gobierno federal podría estar considerando cancelar el último contrato otorgado por la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y abrir una nueva licitación.