La inversión en infraestructura de este gobierno es la menor de los últimos cuatro sexenios, debido a que se concentró en proyectos emblemáticos, programas sociales y pago de pensiones, coincidieron especialistas consultados por EL UNIVERSAL.
De 2019 a 2022, el gasto público en inversión física representó sólo 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del Inegi.
Se trata de la menor inversión en los primeros cuatro años de una administración desde Ernesto Zedillo, cuando llegó a 2.9%.
Desde que inició este sexenio, el gasto en general se alineó a prioridades marcadas directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador y no tanto a metas institucionales, explicó Aníbal Gutiérrez, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM.
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“Por una parte, están las transferencias a programas sociales que se está llevando mucho dinero y por otra, la inversión pública se concentró en los tres proyectos emblemáticos [AIFA, Dos Bocas y Tren Maya], por lo que tenemos dudas de su capacidad para detonar mayor actividad económica”, explicó el académico.
Por ello, “se han dejado de sostener otros programas para apoyar la inversión en distintos sectores y prácticamente no hay apoyos estratégicos para detonar inversión, acompañar a la inversión privada o promoverla, más que nada sólo son las grandes obras presidenciales”, agregó.
¿Ahorro o reasignaciones?
La inversión pública se ha rezagado porque los recursos que pudieran destinarse a potenciar el crecimiento se redirigieron a programas sociales, dijo Raymundo Tenorio, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey.
En su opinión, “el gobierno miente” al afirmar que los recursos de dichos programas son producto de ahorros, pues en realidad provienen de reasignaciones. “Les quitan dinero a otros desarrollos de infraestructura, como puertos y carreteras, y los destinan a dichos programas”.
Advirtió que el impacto de estos recursos es diferente. “Contribuye al crecimiento poner ese dinero en las manos de las personas porque lo van a consumir, pero el efecto multiplicador de ese gasto de consumo es de corto plazo y la inversión fija es de largo plazo”.
La Secretaría de Hacienda reporta que los programas prioritarios en 2023 siguen siendo los relacionados a adultos mayores, personas con discapacidad, becas a jóvenes, entre otros.
Para este año, 16 programas prioritarios y siete proyectos de inversión, entre los que destaca el Tren Maya, representan casi 15% del total del gasto programable y 48% del gasto de los ramos administrativos, es decir, casi la mitad de todo lo que se necesita para que funcionen las secretarías.
La concentración de recursos es lo que afecta la calidad de inversión, pues no se aplican en sectores que pueden potenciar el crecimiento o que faciliten la llegada de capital privado, destacó Aníbal Gutiérrez.
Explicó que si el gobierno invierte en infraestructura creando parques industriales y vías de comunicación, genera condiciones para que ahí llegue el capital privado y con esta lógica se desarrollaron las hoy extintas zonas económicas especiales.
Falta sinergia y transparencia
La inversión es el motor del crecimiento de la economía para generar empleos de calidad, pero la sinergia entre capitales públicos y privados es fundamental para detonarlos, destacó Adriana García, coordinadora de análisis de México, ¿cómo vamos?
“El rezago en el gasto en inversión de esta administración comienza en 2019, pero nos sorprende aún más cuando analizamos la pobre respuesta del gobierno, sobre todo en el contexto de la pandemia”.
Tradicionalmente, la inversión pública se usa como un estímulo contracíclico para contener una contracción profunda como la de 2020; sin embargo, no fue así con este gobierno, dijo.
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“El gobierno actual ha puesto sus miras en los proyectos emblemáticos, pero lo que más preocupa es que están cubiertos con un velo de opacidad, sobre todo el Tren Maya y el AIFA, que están coordinados por la Sedena.
“No permiten tener la información que uno como ciudadano necesitaría para una obra de infraestructura pública”, indicó.
Advirtió que se han perdido las sinergias entre el sector público y privado, que apostaban al desarrollo de una infraestructura que fuera socialmente rentable.
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Planeación a largo plazo
El gasto en programas sociales, pago de pensiones y la deuda han provocado una menor inversión productiva, opinó Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). En su opinión, la inversión pública está focalizada casi exclusivamente en el sector energético, en Pemex y CFE.
Del total de obra pública, estimó que prácticamente 74% va al tema de petróleo y gas natural.
Para modificar esto, Guadarrama recomendó una planeación a largo plazo, pues no se tiene de momento ni siquiera el marco jurídico que permita hacer una planeación de los proyectos prioritarios que realmente se requieren y que impulsen el crecimiento.
“Necesitamos modificaciones a nuestro marco legal y contar con instrumentos de planeación a largo o mediano plazo, que no dependan de cada presupuesto anual, sino que se tenga claro cuáles puedan ser los proyectos que requieren recursos y que sea comprobada su viabilidad en términos de costo-beneficio”, dijo.
Algo que valdría la pena volver a explorar, señaló, son las alianzas público-privadas con un marco normativo que garantice que el Estado no pierda y que sea redituable para ambas partes.
Actualmente, indicó, lo que se tiene es un gasto inercial en las mismas obras de mantenimiento, pues son pocos los nuevos proyectos y buena parte han sido polémicos. En particular, el AIFA, Dos Bocas y el Tren Maya.
Nearshoring y elecciones
La relocalización de las empresas o nearshoring es la gran apuesta económica, porque México colinda con Estados Unidos, el mercado más grande del mundo y somos aliados comerciales, enfatizó Aníbal Gutiérrez.
El país reúne estas características para que venga más inversión extranjera y jalar a la privada nacional, que permita ampliar la capacidad productiva, crear ventajas competitivas y empleos.
Sin embargo, es necesario contar con un Estado de derecho que brinde certeza jurídica a los inversionistas, desarrollar infraestructura y reducir la inseguridad, que se ha convertido en una de las principales limitantes de la economía, destacó.
A pesar de esto, la perspectiva de la inversión pública no es muy positiva, según Guadarrama, porque los gastos en programas, pensiones y deuda seguirán creciendo y presionando el presupuesto, dejando poco margen de maniobra. Indicó que en 2024 se buscará terminar con las obras en proceso y difícilmente se pondrán en marcha nuevos proyectos, por lo que en buena medida la inversión pública y privada estará en pausa a la espera de los resultados del proceso electoral.
“Hasta que sepamos cómo se lleva a cabo el proceso electoral, se tendrá certeza de cuáles van a ser las prioridades del nuevo gobierno y de la inversión pública para entonces generar las condiciones necesarias para incentivar la inversión privada”, destacó.