Mediante sus tres modalidades, las redes de robo y tráfico ilegal de combustibles se ampliaron a las 32 entidades, de acuerdo con expertos consultados por EL UNIVERSAL.
El llamado huachicol no sólo tiene efectos nocivos para el erario y la seguridad pública, sino que también genera daños a los automovilistas, transportistas, permisionarios e inversionistas, explican.
“Antes no se veía que los combustibles estuvieran adulterados en la península de Yucatán, porque llegaban directo al puerto de Progreso y de ahí se distribuían, pero ahora hay comercializadores que operan en otras zonas y se comenzó a percibir este problema”, dijo Andrés Gutiérrez, director de CIEFSA, laboratorio que verifica la calidad de gasolinas que se comercializan en todo el país.
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“Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Ciudad de México tienen ya este problema. Ya no hay estado en que no se registren estos combustibles. Ya es más de 30% de las gasolinas las que están adulteradas y por eso vemos cada vez más quejas de que los vehículos se dañan”, comentó en entrevista.
En su opinión, la delincuencia organizada se internó en la cadena de suministro de los combustibles, especialmente en los eslabones que corresponden a los comercializadores y transportistas.
Indicó que el problema se origina porque las autoridades carecen de capacidad de respuesta ante los avances de las organizaciones delictivas para evitar ser identificadas.
“Cuando un coche carga gasolina y se daña, resulta que va con la estación y al verificar todo está bien en los parámetros que mide la autoridad, pero en laboratorios están fuera de norma”, detalló Gutiérrez.
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“Rastreamos y vemos que están bien los combustibles en la terminal de almacenamiento, así que todo apunta a que los comercializadores que operan en otros países, los transportistas y piperos, son los que operan con irregularidades. Se trata de un entramado en el que las autoridades no tienen capacidad de revisar, porque les recortaron recursos y capacidades”, añadió.
El comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Walter Julián Ángel Jiménez, reconoció que las denuncias de automovilistas por daños en sus coches, ante el supuesto consumo de huachicol, se multiplicaron por 10 en los últimos años.
“Se venía viendo la tendencia de una denuncia diaria de automovilistas a partir de 2020 y ahí fue subiendo. Más o menos coincide con las denuncias que se han hecho del incremento del robo de gasolinas… por lo que la Secretaría de Energía tuvo que tomar algunas decisiones como el control de la frontera [las importaciones]”, dijo el comisionado.
Hoy el número de denuncias de los clientes de las gasolinerías con daños en sus coches es de 10 casos por día, anotó el integrante de la CRE, organismo autónomo en proceso de extinción.
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La Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo) dio a conocer a su vez que las ventas de combustibles de gasolineros se ven afectadas en 33% a causa de las modalidades existentes del robo y tráfico de gasolinas, el llamado huachicol.
Se trata de tres modalidades, que consisten en mezclas ilegales, importaciones ocultas que defraudan al físco y tomas clandestinas, cuyos casos crecieron 110% en el sexenio pasado, según cifras de Pemex obtenidas a través del Inai, también en proceso de extinción.
“El contrabando y la adulteración de combustibles siguen siendo problemas significativos en varias regiones. No sólo afecta las ventas legítimas, sino que también daña la reputación de las estaciones de servicio y los motores de los usuarios”, agregó la Onexpo.
Para Luis Miguel Labardini, socio de Marcos y Asociados, Consultora Energética, la falta de Estado de derecho, el huachicol fiscal y el posible involucramiento de empleados y funcionarios inciden en el deterioro del control sobre el abastecimiento de combustibles.
“Es necesario que baje el nivel de impunidad. Si no hay consecuencias, este fenómeno va a continuar”, destacó a El Gran Diario de México.