Fitch Ratings dijo que ante las recientes decisiones judiciales y legislativas que han enfrentado las iniciativas para modificar el marco normativo del sector eléctrico por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, la falta de certeza jurídica va a impactar las inversiones futuras en el sector.
De acuerdo con la agencia calificadora, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica el pasado 7 de abril, ahora los tribunales inferiores deben resolver los 250 amparos interpuestos en contra de las enmiendas sin dirección vinculante de la SCJN.
“Los proyectos privados de energía están protegidos contra las reformas hasta que se resuelva la última medida cautelar. Sin embargo, debido a que los tribunales inferiores tendrán discrecionalidad individual para resolver las medidas cautelares, esto puede dar lugar a opiniones divergentes con respecto a la exigibilidad de las enmiendas, y la inseguridad jurídica disminuirá la inversión futura en el sector eléctrico”, explicó.
Además, la firma destacó que, independientemente de las decisiones de los tribunales inferiores, se espera que los nuevos proyectos eléctricos sigan enfrentando dificultades al momento de intentar obtener los permisos correspondientes, y también es probable que aumente la volatilidad de los precios debido a una inversión insuficiente en la expansión de la transmisión de electricidad.
Ante ese entorno, Fitch dijo que después del voto en contra a la reforma constitucional al sector eléctrico ocurrida el pasado domingo, se diluye parte del riesgo regulatorio, ya que las generadoras privadas podrán presentar recursos legales locales contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, con un marco constitucional estable, aunque persiste la incertidumbre legal.
Fitch estimó que las necesidades de inversión en el sector eléctrico de México son de cerca de 10 mil millones de dólares por año durante los próximos 15 años, para la expansión de la capacidad y satisfacer la demanda.
“La CFE por sí sola no puede respaldar la inversión total de México, ya que los altos requisitos de inversión sin apoyo del gobierno podrían debilitar las métricas crediticias de CFE y presionar su perfil crediticio”, resaltó.
“Esto ampliaría la brecha entre la calificación de la compañía y la calificación soberana de México. Un deterioro sostenido en el perfil crediticio de la CFE podría cambiar la evaluación de Fitch del vínculo con la calificación soberana para reflejar retrasos en el apoyo proactivo del gobierno”, detalló la calificadora.
