La falta de seguridad en las carreteras del país genera sobrecostos a los transportistas lo que se traduce en alza de precios de los productos e incrementa el déficit de operadores de tractocamiones, por lo que industriales, transportistas y empresarios de servicios de seguridad privada pidieron al próximo gobierno atender la problemática.
Los robos que se registran contra los autotransportistas de carga provocan “un costo inflacionario” que afecta a los consumidores, porque hay que pagar el costo que se tiene pagar por las medidas de seguridad, dijo la directora general de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Claudia Sánchez Porras.
“La situación que tenemos en el transporte es muy crítica y nos afecta en los operadores” porque hay un déficit de 56 mil conductores y se espera que para el 2028 se llegará a los 106 mil “que nos estarán faltando para operar los camiones, un problema grave”.
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A decir de la directora de la Canacar, revertir este déficit no será nada fácil porque anualmente de los 28 centros de formación egresan mil 470 operadores de tractocamiones.
Sánchez Porras añadió que se tiene que “trabajar muy arduamente en una estrategia de seguridad pública”, que termine con la impunidad para evitar dar incentivos para cometer más incidentes.
El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón, dijo que la industria se ve obligada a invertir en seguridad, así que se absorbe una parte, pero hay que “reflejar algo” en los precios, lo que “lleva a un proceso inflacionario”.
Agregó que desafortunadamente, la manufactura es vulnerable al robo de mercancía y a la extorsión lo que afecta a la cadena de suministro.
Todo ello, provoca que en los lugares donde hay altos índices de violencia se traduce en un reducción de inversiones nacionales y extranjeras.
Por ello, en momentos en que se aproxima el cambio de administración “proponemos fortalecer el Estado de derecho, reforzando el poder de las instituciones de justicia” y reducir la impunidad.
Malagón añadió que también se tiene que trabajar por formalizar a casi un millón de personas que laboran en servicios de seguridad privada.
Durante el evento, directivos de las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (Asume) firmaron un convenio con la Canacar con la finalidad de reforzar la seguridad en el transporte de mercancías; promover el intercambio de conocimientos y mejores prácticas en la protección del sector.
El presidente de Asume, Armando Zúñiga Salinas, precisó que “por los retos de seguridad que hoy tenemos nos hemos vuelto estratégicos en la protección de la vida de los empleados, en la inversión, el equipamiento e instalaciones, en los procesos y continuidad del negocio, de las industrias del país”.
Sin embargo, aseguró que hay temas que deben atender los legisladores y el Ejecutivo federal como es el actualizar la Ley de Seguridad Privada, la cual está “obsoleta”, a pesar de ser necesaria para avanzar en la profesionalización.
Asimismo, debe de elevarse a nivel federal la ley de extorsión, lo que requiere de una reforma constitucional.
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