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En medio del deterioro del mercado laboral y de la precarización del empleo, el gobierno plantea cambios en materia de outsourcing o subcontratación, lo que parece inoportuno en medio de las crisis económica y sanitaria por el Covid-19, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En el Análisis Económico Ejecutivo semanal, el organismo informó que hacer modificaciones a la Ley Federal del Trabajo implicará la cancelación de trabajos.
“En esta coyuntura de urgencia por comenzar una recuperación clara y sostenida de la economía, la iniciativa de ley para “regular” la subcontratación laboral (outsourcing) a fin de evitar que se siga utilizando fraudulentamente y contra los derechos de los trabajadores, ha generado preocupación ante la posibilidad de que implique el cierre de un importante número de puestos de trabajo”, detalló.
Lo que es grave si se considera que en septiembre se registró un deterioro del mercado laboral, de la calidad del empleo y un impacto en los ingresos de los hogares.
El 11 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados para la regulación de la subcontratación en la que plantea sancionar como evasión fiscal calificada —que se sanciona hasta con nueve años de prisión— a las empresas que facturen operaciones simuladas a través de la prestación de servicios.
El CEESP pidió al gobierno federal que haga cambios totales en sus políticas públicas para concentrarse en la recuperación y dejar de aplicar medidas que “disuaden la inversión y la actividad económica”.
