La mayor organización de empresarios gasolineros del país, Onexpo Nacional, consideró que la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos del presidente Andrés Manuel López Obrador “presenta elementos contradictorios con principios y reglas establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la participación del sector privado en la industria de petrolíferos”.
A través de un comunicado, hizo un llamado a los legisladores a realizar un análisis profundo, técnicamente sustentado e integral sobre la iniciativa, que considere la totalidad de los posibles efectos negativos que dicha reforma tendría sobre consumidores, inversionistas, empresas y que resultarían lesivos a cualquier forma de competencia económica.
“Como representantes del sector empresarial de los petrolíferos gasolinas y diesel”, sostuvo que es fundamental garantizar el estricto apego al Estado de derecho, a los principios de legalidad, objetividad, transparencia y certeza jurídica, pues el tratamiento de algunas de las conductas referidas en la iniciativa está contenido en leyes y procedimientos promulgados y en vigor que las sancionan con toda severidad”.
Es preocupante, agregó, “la subjetividad en el manejo de criterios referentes a presuntas sanciones extremas y medidas de carácter económico e incluso confiscatorio relativas a conceptos como peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional”.
La iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos pone en riesgo la competitividad y el clima de negocios y, en caso de aprobarse, violará la Constitución y tratados comerciales internacionales que firmó el país, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
En un comunicado, explicó que un grave riesgo es que se den facultades discrecionales a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender permisos vigentes a privados cuando consideren que es un peligro inminente para la seguridad nacional, energética o para la economía.
Por ello, exhortaron a los diputados “a no aprobar esta iniciativa. Esto representaría un duro golpe al Estado de derecho y amenazaría las inversiones presentes y futuras, no sólo en el sector energético sino en otros sectores”.