El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que la iniciativa de reforma de la Ley de Amparo va contra los derechos humanos, además de que debilita el acceso a la justicia y afecta la competencia económica.
La intención de la iniciativa es evitar que se otorgue una suspensión provisional o definitiva a un acto de la autoridad lo que puede afectar a la colectividad y quitará la herramienta de protección a las personas y empresas.
Por lo que pidió a los congresistas “no aprobar esta iniciativa que debilita gravemente la defensa de las personas físicas y morales contra actos y leyes eventualmente inconstitucionales”.
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“La suspensión es una medida fundamental dentro del juicio de amparo, muestra de ello son los diversos juicios promovidos por particulares en los últimos años, en donde los jueces otorgaron la suspensión con efectos generales para evitar una afectación a la libre competencia y, por consecuencia, una desigualdad entre quienes tienen más posibilidades de llegar al término de un juicio y de quienes no cuentan con los recursos o la asesoría adecuada”, expuso el CCE.
Al referirse a la propuesta que presentó el senador Ricardo Monreal por la que se pretende limitar el otorgamiento de una suspensión provisional o definitiva a algún acto de la autoridad, la máxima cúpula empresarial dijo que ello “reduce las facultades del juez para otorgar las suspensiones, cuando se aleguen razones de interés social y de orden público”.
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Expuso que “la suspensión es una herramienta del amparo que permite que se detengan o restituyan derechos humanos presuntamente violados, mientras se desahoga el juicio. Sin esta medida las violaciones se podrían extender por años, ser irreparables o cesar, lo que haría improcedente el amparo”.
Obtener un amparo sin que haya una suspensión no protegerá a las personas de actos inconstitucionales, además de que desconoce los derechos colectivos y amenaza la eficacia de las resoluciones judiciales, añadió el CCE.
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