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La iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos pone en riesgo la competitividad, el clima de negocios, además de que, de aprobarse, violará la Constitución y tratados comerciales internacionales que firmó México, dijo el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El grave riesgo que observa el IMCO es que se dan facultades discrecionales a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender los permisos a privados vigentes cuando consideren que representan un peligro inminente para la seguridad nacional, energética o para la economía.
Las condiciones bajo las cuales se daría ese escenario “en los hechos, representaría un acto de expropiación directa” porque se intervendrían u ocuparían las instalaciones y también se hará uso del personal de los permisionarios.
Por ello exhortaron a los diputados “a no aprobar esta iniciativa. Esto representaría un duro golpe al Estado de derecho y amenazaría las inversiones presentes y futuras, no solo en el sector energético, sino en otros sectores clave para la competitividad de México”.
Para el IMCO son claras las afectaciones: “La iniciativa conlleva repercusiones negativas para las familias y el conjunto del sector productivo mexicano cuyo acceso a insumos básicos como gasolinas, diésel, gas natural, entre otros, se vería interrumpido”, porque la operación se quitaría a los privados y se pasará a Pemex, “cuyos estados financieros dan cuenta de sus serias ineficiencias operativas y administrativas”.
“Además, la reforma impacta directamente a las empresas que operan en estos segmentos al generar un ambiente de incertidumbre jurídica ante las autoridades reguladoras”, explicó.
Lo que se busca es que Pemex mantenga su papel preponderante en el sector y “desplaza al sector privado que participa en dichas actividades al correr el riesgo de la expropiación de sus instalaciones bajo criterios poco transparentes”, expuso.
Otro de los problemas que observó el IMCO es que “la iniciativa pone en riesgo a la certidumbre jurídica en un momento en que los inversionistas nacionales y extranjeros cuestionan las decisiones de política energética de la actual administración en el marco de la recién aprobada reforma a la Ley de la Industria Eléctrica”.
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