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La iniciativa presentada por el ejecutivo para modificar la subcontratación ( outsourcing ) tiene problemáticas que si no se afrontan de manera adecuada, pueden aumentar el desempleo y la informalidad en el mercado mexicano, aseguró Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF).
En la justificación de la iniciativa se indica que se pretende ‘poner en orden’ a la subcontratación laboral , en la que participan más de 4 millones de trabajadores.
La propuesta busca regular tres figuras: la subcontratación de personal , los servicios especializados y de obras especializadas y las agencias de colocación.
“Lo que se pretende es eliminar la subcontratación de personal, que no tendría por qué ser impactada, pues se encuentra regulada en la Ley Federal del Trabajo . Lo que requiere es supervisión y sanción”, mencionó el directivo.
Sin embargo, tal como está planteada la propuesta se daña una figura regulada , con lo que se ponen en riesgo 2 millones de puestos de trabajo en la modalidad de subcontratación por persona. “Esto es lo que debería estar en análisis, pero tanto las autoridades, como la cúpula empresarial, se están concentrando en discutir aspectos -no menos importantes, pero sí menores- como la manera en que se paga el reparto de utilidades (PTU)”, dijo el directivo.
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Para el presidente del CEEF se tiene que realizar un análisis muy claro para distinguir sobre dónde la subcontratación actúa de manera ilegal , para sí supervisar estas prácticas y -en su caso- sancionarlas.
Las propuestas emitidas por el ejecutivo se concentran en la idea de eliminar la subcontratación de personas y crear un registro de a quién se puede otorgar permiso para operar bajo el modelo de subcontratación de trabajos especializados. Más no se habla de cómo dar mayor seguridad y calidad en el empleo a los trabajadores, ya sea que estén actualmente contratados por outsourcing, insourcing o sean empleados directos.
Actualmente, se encuentran 13 millones de personas con un empleo personal, subordinado y remunerado, que es en lo que debe prestarse atención, porque estas personas carecen de protección consignada en la Ley Federal del Trabajo.
“Actuar de esa manera es hacer un cambio cosmético sobre este esquema, no generar un análisis detallado de cómo mejorar las contrataciones hechas bajo los tres modelos de subcontratación”, comentó Armando Leñero.
El titular del CEEF refirió otros aspectos sobre la iniciativa que hoy se encuentran en discusión:
Lo riesgoso es prohibir la subcontratación de personal y no establecer cómo se eliminará la corrupción dentro de las instituciones que evaden dentro si no hay supervisión, vigilancia y sanción, que es lo que ha faltado y la causa de llegar hasta donde estamos.
Los empleos que se generan en la contratación por subcontratación, pero pasarán a la informalidad poco más de dos millones de personas, aunado a los 13 millones que hoy se tiene de informales.
Con esta iniciativa no se le va a hacer justicia a los trabajadores, y tampoco tendrán un régimen de contratación real, certeza jurídica, seguro social, Infonavit, entre otras prestaciones.
El presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal señaló que si no se tiene claridad sobre las consecuencias de la entrada en vigor de esta iniciativa, el primero de enero, es necesario continuar el análisis de ésta. “Una decisión aventurada generará la peor etapa en la creación de empleo formal para los trabajadores”, puntualizó Armando Leñero.
vcr
