Los ingresos excedentes por la recaudación de la regularización de los vehículos chocolate que se internen al país sin papeles servirán para la pavimentación de calles de los municipios de siete entidades federativas de la región fronteriza del norte.
Así se establece en una modificación de último momento que se hizo al proyecto de dictamen por el cual se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2022.
Se precisa que serán los ingresos que se obtengan en la región fronteriza norte, que comprende a los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur, por la regularización de la importación definitiva de vehículos usados.
Se aclara que los recursos obtenidos por ese concepto no se incluirán en la recaudación federal participable prevista en el artículo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal y tendrán el carácter de ingresos excedentes.
Lo anterior quiere decir que dichos recursos no formarán parte de la gran bolsa que se destina a estados y municipios derivado de la recaudación de ingresos que se captan a través de diversos impuestos federales.
Piden frenar contrabando
Luego de que este sábado se concretó la legalización de los autos chocolate, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) criticó que quedaron ausentes los lineamientos del instrumento jurídico para la regularización de los vehículos.
Desarrollar un plan integral de movilidad para la frontera norte, en el cual se incluyan disposiciones jurídicas, administrativas y financieras que permitan dotar de un sistema integrado de transporte público, infraestructura urbana y saneamiento ambiental con el concurso de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal y la iniciativa privada.
Así como tolerancia cero al flujo de vehículos en contrabando por los puertos fronterizos.
“La regularización del contrabando automotriz será un premio a las mafias criminales y a la burocracia corrupta que lo ejecutan y lo toleran si no se emprenden procedimientos administrativos y penales que hagan caer todo el peso de la ley contra quienes se han enriquecido cometiendo delitos, cubiertos con el manto de benefactores de los más pobres”, indicó AMDA.
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