Los recursos gubernamentales destinados a la seguridad social han sido insuficientes para cubrir las necesidades de quienes trabajan en el país, por lo que es necesario ampliarlos significativamente para reducir la informalidad, advirtieron especialistas.
A septiembre pasado había 32.2 millones de trabajadores empleados de manera informal, más de la mitad de la población ocupada en el país (54.2%), que no cuenta con seguridad social o protección institucional correspondiente a su labor.
Esto significa que no tienen acceso a servicios de salud públicos, pero tampoco a prestaciones asociadas con la seguridad social, como la pensión, crédito para vivienda, guarderías o servicios funerarios, entre otros, explicó Efrén Pérez de la Mora, gerente de gestión del conocimiento en Oxfam México.
En particular, las personas en situación de informalidad laboral enfrentan condiciones de precariedad al no contar con elementos como contratos laborales seguros, prestaciones, seguridad social o representación sindical, dijo a su vez Axel González, investigador de análisis de México ¿Cómo vamos?
Con relación a los recursos que se necesitan para la seguridad social en México, desde la fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1943 y hasta la fecha, ha tenido un problema de recursos fundamental, advierte el informe El laberinto de la informalidad: mitos, trampas y realidades, elaborado por México, ¿cómo vamos? y Oxfam México.
Fondos limitados
En México apenas 13.7% de los ingresos gubernamentales en 2021 se obtuvo por las contribuciones a la seguridad social. El dato está muy por debajo del promedio de los miembros de la OCDE (26%), o de América Latina y el Caribe (17%), advierte el informe.
Además, las contribuciones a la seguridad social sólo equivalen a 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB), también por debajo del promedio de la OCDE (9.1%) y de naciones con sistemas de seguridad social reconocidas internacionalmente, como Países Bajos (12.5%), Austria (14.7%) o Luxemburgo (10.6%).
Esta distribución de recursos no es casualidad, puesto que resultó de un arreglo institucional que excluye a la mayor parte de la población de su derecho a la seguridad social, alertaron los especialistas.
De hecho, esta situación ha empeorado en las últimas décadas. Entre 1990 y 2021 las contribuciones a la seguridad social han representado un porcentaje cada vez mayor de la recaudación total en Costa Rica o en el promedio de la OCDE, mientras que se estancaron en Colombia y España. En cambio, en México cayeron, pasando de 21.3% en 1996 a 13.8% en 2021.
Corresponsabilidad social
“El financiamiento de la seguridad social en México se ha debilitado en los últimos 30 años. Sin recursos suficientes, no hay manera de que la informalidad laboral se reduzca de manera real y duradera. Se necesita que se destinen muchos más recursos a la provisión de servicios públicos de salud, vivienda, todos los elementos que integran este derecho laboral”, advirtió González.
No hay una discusión pública suficiente respecto a las contribuciones de la seguridad social, que deben verse como un asunto de corresponsabilidad social, dijo Pérez de la Mora.
“En México hay un sistema tripartito en donde la seguridad social se mantiene por las contribuciones de las personas trabajadoras, del Estado y los empleadores, pero cuando se trata de ampliar la seguridad social, siempre se pone la carga sobre los individuos que laboran”, agregó el investigador.
Por ejemplo, en años recientes se planteó que los autoempleados tuvieran acceso al IMSS, pero ellos mismos pagarían sus cuotas, y algo similar ha pasado con otros grupos que van incluyéndose en el sistema de seguridad social. El problema central de estos esquemas es que han sido parches al sistema, pues todo se lo quieren cargar al trabajador, sin discutir el aumento de las contribuciones de los empleadores y el Estado, dijo.
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Reforma fiscal
De entrada, el valor de los recursos necesarios para cubrir las necesidades de seguridad social en el país tiene que partir de la discusión entre los tres sectores involucrados, pero un punto de referencia sería pasar de 14% de la recaudación actual al promedio de 17% de América Latina, estimó Pérez de la Mora.
Otra referencia importante sería pasar de 2.9% del PIB del gasto actual en salud al nivel de entre 5% y 6% sugerido por la Organización Mundial de la Salud, consideró González.
“Proponemos una reforma fiscal progresiva y profunda, y consideramos que unos de los aspectos que se beneficiaría muchísimo sería la seguridad social, que es probablemente una de las mejores formas de garantizar el bienestar y el derecho de las personas”, destacó.