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Las empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información (Canieti) solicitaron al Senado que no apruebe la iniciativa para crear un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil.
La semana pasada, la Cámara de Diputados avaló una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que contempla la creación de un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil.
La Canieti se opone a la creación de ese registro porque considera que no contribuye a reducir los niveles de inseguridad.
“Existen infinidad de maneras en la que la delincuencia puede establecer comunicaciones sin registro o control. En ningún país del mundo este tipo de registros han probado su efectividad”, señala la Canieti en un comunicado.
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La Cámara menciona que dicho registro contribuirá a la incidencia de delitos, pues los delincuentes pueden cometer ilícitos con equipos robados, como sucede por ejemplo con automóviles o motocicletas.
“Se fomentará más el robo de dispositivos , sobre todo en el caso de prepago. Esto ha quedado demostrado en los reportes de Locatel de la campaña Bloquea tu celular”, destacó.
La existencia del Registro, subryaó, no contrarresta las llamadas de extorsión que se generan desde números de prepago y atenta contra los derechos individuales de las personas, pues las comunicaciones privadas son inviolables.
La Canieti explica que la iniciativa dice que cualquier persona podrá consultar la información contenida en el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil , conforme al procedimiento, niveles de acceso y otros requisitos que se determinen en las disposiciones reglamentarias aplicables.
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Esto es lo que llevó a que en 2009 se cancelara el entonces Renaut, pues se filtró la información de los usuarios, ejemplificó la Cámara.
“Pondrá en riesgo los empleos del sector y las inversiones. El costo de instrumentar un registro de esta naturaleza es muy alto, por lo que podría darse el caso de que las empresas de telecomunicaciones dejen de realizar inversiones productivas”, aseguró.
La organización subraya que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene como tarea regular a las telecomunicaciones y la radiodifusión, no administrar cualquier actividad de tipo operativo, lo que implicará involucrar a terceros en el tema, con posibles puntos adicionales de vulnerabilidad en el resguardo de la confidencialidad de la información.
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