Cartera

Indaga Cofece las compras públicas de acero

Investiga posibles prácticas monopólicas por parte de empresas que le venden al gobierno mexicano

14/02/2018 |01:56Ivette Saldaña |
Redacción El Universal
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maria.saldana@eluniversal.com.mx

Entre las empresas que venden acero al gobierno mexicano podría haber prácticas monopólicas absolutas, por lo que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación sobre ocho transacciones del sector público con proveedores privados.

La Autoridad Investigadora abrió el expediente DE-020-2017, en el que aseguró que “tuvo conocimiento de hechos que derivaron en la posible realización de conductas de prácticas monopólicas absolutas” en la adquisición de acero por parte del gobierno.

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Esta investigación incluye ocho casos y podría tardar aproximadamente dos años, si se considera que inició en agosto de 2017 y que tardará cuando menos 120 días hábiles, periodo que podrá ampliarse hasta en cuatro ocasiones.

Las compras públicas que realiza el gobierno equivalen a 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, por lo que el impacto se calcularía según el monto de transacciones en donde se encuentre el ilícito.

“De 2013 a la fecha, la Cofece ha indagado en ocho asuntos relacionados con posibles conductas de colusión en compras de gobierno”, dijo la dependencia.

De acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica, las prácticas monopólicas absolutas son contratos o arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, para manipular precios, restringir o limitar la oferta o demanda.

Además, podría significar dividir o segmentar los mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información entre ellos para realizar alguna de las conductas anteriores.

Aunque ya se inició la investigación desde agosto, Cofece no prejuzga sobre la responsabilidad de agente económico alguno, porque no se identificaron hasta la fecha, en definitiva, violaciones a la normatividad de competencia económica.

Se pueden imponer desde multas económicas a las empresas y personas que incurrieron en la práctica, hasta penas de cárcel.

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