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Madrid.— BBVA tendrá que responder como persona jurídica ante el juez Manuel García Castellón en calidad de investigado en el marco de la causa abierta al excomisario José Manuel Villarejo, protagonista de una trama de corrupción y espionaje en la que estarían involucradas grandes empresas y algunas instituciones del Estado español.
El magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el caso ha imputado a BBVA por presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.
El pasado 24 de julio, el fiscal pidió que se investigara a la institución por considerar que el banco cometió presuntamente los tres delitos que ahora se le imputan.
Los ilícitos estarían relacionados con el supuesto espionaje realizado por el excomisario Villarejo que fue contratado por BBVA ante la Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil de la constructora Sacyr en 2004, cuyo objetivo era sacar a Francisco González de la presidencia de la entidad financiera.
El segundo banco español habría contratado los servicios de Cenyt, la empresa de Villarejo, para investigar a los dirigentes de la constructora española con el objetivo de bloquear la OPA que buscaba acabar con el control de González.
El banco ha reconocido que contrató a Villarejo, quien se halla en prisión luego de ser arrestado en 2017 como parte de otra investigación. Sin embargo, BBVA asegura que en sus indagaciones no ha encontrado pruebas de espionaje.
Los pagos por los servicios ilícitos, que se habrían extendido hasta 2017 y siempre durante la presidencia de González, ascenderían a casi 12 millones de dólares.
Según la Fiscalía Anticorrupción, los seguimientos personales y el acceso a comunicaciones o documentación bancaria vulneraron derechos de numerosos ciudadanos, ya que habrían sido intervenidas fraudulentamente más de 15 mil llamadas de miembros del gobierno, empresarios y periodistas.
La fiscalía subraya que la contratación y los pagos presuntamente ilegales a Cenyt afectaron a varias áreas sensibles de BBVA. Ocho antiguos altos cargos del banco están bajo la lupa judicial.