Para el sector privado, uno de los grandes pendientes del gobierno es abatir la creciente inseguridad, considerando que en los últimos seis años empeoró la violencia empleada en robos, así como la extorsión y el cobro de derecho de piso.
Directivos lamentaron que hay más impunidad, por la línea gubernamental de no ir en contra de quienes cometen los actos ilícitos.
Datos del Inegi dados a conocer hace unos días estiman que 1.3 millones de empresas fueron víctimas del delito en 2023, con un promedio de 2.2 delitos por negocio.
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El que empeore la inseguridad se debe a una mayor “impunidad, indolencia, cesión del territorio y un narcogobierno de facto”, dijo el expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.
Afirmó que hay pueblos completos bajo el control de grupos del crimen organizado que se dedican a robar. “En unos casos la gente está maleada y en otros está amenazada, pero lo sistémico es el abandono de la autoridad, y en otros casos complacencia y colaboración”.
“Una parte sustancial del territorio nacional, especialmente carreteras y caminos rurales, no sólo están amenazados, sino bajo el control del crimen organizado. Son más las extensiones en donde ya no sólo transportistas, sino familias y personas, no pueden entrar a poblaciones por el riesgo de que sean detenidas, privadas de la libertad o de la vida”, alertó.
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Hay una pérdida de control del territorio por parte del gobierno, señaló, además de que “hay indolencia por parte de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, que permiten operar con complacencia a los grupos de delincuentes en poblaciones enteras”.
En el ámbito rural crece el cobro de derecho de piso a negocios muy pequeños, algo que se agrava en actividades primarias, como la ganadería y agricultura, acusó De Hoyos.
Admitió que, si bien hay acciones contra criminales, como la Operación Enjambre, hay tolerancia gubernamental y debilitamiento de la fuerza pública por falta de recursos para equipamiento tanto de armas como de equipos.
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Descomposición social
El director de nuevos productos de la empresa de seguridad AI27, Alejandro García, afirmó que “hay estados que se han descompuesto” y son cada vez más inseguros. A la par, la delincuencia aumenta su poder de fuego.
“Hay una directriz de no confrontación desde el sexenio pasado” en instituciones como la Guardia Nacional y el Ejército.
Ahora se ven con más frecuencia retenes falsos y se clonan patrullas y vehículos oficiales, para detener camiones y robar su carga.
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García dijo que 25% de los robos de mercancías en el país se concentra en el Estado de México, y en segundo lugar está Puebla, con 21%. Les siguen San Luis Potosí, con 12%; Querétaro, 10%, y Guanajuato, con 7%.
El coordinador general de Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (Asume), Armando Zúñiga, dijo que “la impunidad es un motivante para fomentar la delincuencia debido a que se castigan menos de dos delitos por cada 100 que se cometen”, a lo que se suman factores como la descomposición social, pobreza y apología del delito en la delincuencia organizada.
Dijo que la estrategia de “abrazos y no balazos” del sexenio pasado ha sido un fracaso, pues empoderó aún más a los delincuentes y desgastó a las Fuerzas Armadas.
Para el también expresidente de la Coparmex CDMX, “la descomposición social es en realidad la combinación de varios factores, entre los que destacan la pérdida de valores y el descuido de los jóvenes y niños, siendo presa fácil de ser captados por las drogas y la delincuencia”.
Impacto sustancial
De acuerdo con datos de la Coparmex, en el sexenio pasado hubo una víctima cada hora de la extorsión.
Mientras en 2019 se registraron 9 mil casos de extorsión, el año pasado se alcanzó un total de 10 mil 946, y de enero a septiembre de 2024 se contabilizan 8 mil 151 incidencias.
En robos a negocio, la Coparmex afirma que uno de cada dos empresarios reporta que fue víctima de un delito. Sin embargo, con sólo las carpetas de investigación, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hubo un promedio de 248 hurtos diarios.
El pasado 10 de diciembre, el Inegi aseguró que el costo de la inseguridad para las empresas en 2023 fue de 124.3 mil millones de pesos, un aumento de 17.4% respecto a 2021, sin considerar la inflación.