Una forma reconocida para mejorar la administración de una empresa es emplear principios de gobierno corporativo que estructuran una serie de políticas, reglas y procedimientos para operar la empresa de una forma institucionalizada. Entidades como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con el cual colabora el IMEF, emiten códigos de mejores prácticas de gobierno corporativo. Este tipo de códigos sirven como guía a las empresas para tomar decisiones informadas que les permitan lograr sus objetivos y aportar beneficios a sus grupos de interés, incluyendo a la sociedad en general. Uno de los retos más importantes para estos códigos, es que permeen en la mayoría de las empresas. Sin embargo, en los 5 millones de empresas que el Inegi contabiliza (EDN2023), en la mayoría, sus líderes no conocen estas mejores prácticas empresariales, relativas, por ejemplo, a impulsar la participación de la mujer en la empresa.
Al respecto, un gran problema de México es la discriminación en sus múltiples vertientes, pero destacable respecto a las mujeres. La Encuesta Nacional de Discriminación 2022 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) evidenció que entre julio de 2021-2022, una de cada cuatro mujeres declaró haber sido discriminada. En su caso, la ENOE del Inegi señala que, de los mexicanos mayores de 15 años, 53.1% son mujeres y 46.9% hombres. A pesar de ello, las mujeres representan solo 24.7% de la población económicamente activa contrastando con 35.8% de hombres. Las razones son múltiples, pero hay un escenario inequitativo, al menos aritméticamente.
Por si fuera poco, la inequidad en remuneraciones sobresale en grupos de mayores ingresos, donde un segmento de 27.65% de mujeres y 72.35% de hombres ganan más de cinco salarios mínimos y 30.07% de las mujeres y 69.93% de los hombres ganan de tres a cinco salarios mínimos de acuerdo con lo referido en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales (2020, Vol 65, no. 240)
A nivel corporativo, en especial en consejos de administración de empresas listadas en bolsa de valores de acuerdo con estadísticas del IMCO (2023), la situación se agrava, ya que 13% de los consejeros son mujeres y la presidencia del Consejo es ocupada por 7% de mujeres; datos que revelan que se logrará la equidad hasta el año 2052. Asimismo, en alta gerencia y dirección de áreas jurídicas solo hay 25% de mujeres, en finanzas 11% y en dirección general 4%. Por otra parte, del portal del propio IMCO se destaca que, en el país, profesiones como la abogacía, 44% son mujeres y del total, 80% son mayores de 30 años; en cuanto al sector financiero, 49% son mujeres y del total 76% son mayores de 30 años, es decir, capital humano sí hay para elegir.
De tal suerte, es factible concebir la discriminación a la mujer, como un problema estructural y cultural que, por si fuera poco, además del daño individual a ellas, es el costo de oportunidad de no contar con el potencial que pudieran aportar a la productividad del país, disminuir la pobreza y consecuente, contribuir al PIB.
En el Comité de Gobierno Corporativo del IMEF se promueven acciones para lograr mayor inclusión de la mujer en la empresa. Sin embargo, nos preguntamos si se requieren acciones afirmativas en las políticas públicas para incrementar su participación. Es fundamental reconocer que actualmente hay mujeres, que con grandes obstáculos han logrado un consistente desarrollo profesional que les ha permitido llegar a niveles altos de ingresos y/o posiciones en empresas, pero en los números generales, se destaca y manifiesta una clara marginación.
Un ejemplo de acción afirmativa puede ser similar a la materia fiscal, donde una empresa maquiladora no puede comprar bienes de una empresa que aparece en el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, el cual especifica incumplimientos que le impiden operar. ¿Requerimos una restricción similar para estos casos a través de prácticas de gobierno corporativo?
*Presidente del IMEF Grupo Ciudad Juárez
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