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La presentación de amparos o impugnaciones contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica tiene sus complicaciones porque una ley no es lo mismo que una regulación, lo que puede llevar a que se rechacen los amparos, dijo el exsubsecretario de electricidad de la Secretaría de Energía , César Emiliano Hernández Ochoa.
Durante el “Foro electricidad para el futuro de México” que organizó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el también exdirector general de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria ( Conamer ) consideró que habrá dificultades para lograr los amparos.
“Creo que va a ser mucho más complicada la impugnación que la que vimos con la política de confiabilidad , una ley no es lo mismo que una regulación, entonces no me extrañaría que muchos amparos no fueran exitosos”, expuso el exsubsecretario de 2014 al 2017.
Para Hernández Ochoa “los números en la Suprema Corte para una acción y una controversia son también números complicados, entonces, yo creo que un entorno más adverso para las impugnaciones jurídicas, aunque hay muchísimos argumentos en todos los casos”.
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Expuso que se aprobó la Ley de la Industria Eléctrica pero aún falta la regulación, por lo que debe tener comunicación con las autoridades considerando lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió de que hay disposición al diálogo aunque sea posterior a la reforma.
En su turno, la analista de NERA Economic Consulting, Verónica Irastorza, comentó que los cambios que se hicieron a la ley permitirán que se utilicen las plantas de generación basados en costos unitarios y no en los variables, es decir, bajo una lógica poco económica, porque se utilizarán plantas que producen energía cara.
Esto va en contra del despacho por mérito económico que es cuando se prenden las plantas de generación, conforme sus costos variables, es decir, las que generan más barato.
Por ejemplo, el año pasado las plantas eólicas y solares generaron más o menos 33 teragawatts- hora, pero “si hubiéramos tenido que comprar gas natural para generar esto hubiera costado 40 mil millones de pesos, realmente es desperdiciar recursos”.
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