Los importadores de gasolinas y diesel veían venir cambios con el nuevo gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que la gran mayoría decidieron no renovar permisos que vencían entre abril de 2020 y marzo de este año.
Incluso, revelaron empresarios que participaron en la apertura de importación de combustibles, “el desaliento se refleja en la solicitud de nuevos permisos”:
“En los últimos nueve meses del año pasado, la Secretaría de Energía (Sener) sólo autorizó cinco permisos: dos a Abastecedora de Combustibles, que vencen en agosto de 2021; uno a Alveg Distribución Química, que expira en diciembre de este año; uno a la multinacional Valero Marketing con fecha de conclusión en noviembre, y a la francesa Total, que acaba en octubre de este año”.
Los registros de la Sener muestran que de los 103 permisos vigentes para importar gasolinas reportados en su página web, 80 que vencieron entre abril y marzo de 2021 no renovaron.
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Y, de los 68 permisos para la importación de diesel vigentes, 52 que vencieron en el mismo periodo tampoco renovaron.
En 2020, de acuerdo con los registros de la Sener en la Plataforma Nacional de Transparencia en materia de concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, se redujo sustancialmente el otorgamiento de permisos, argumentando la suspensión de actividades por la pandemia.
Sin embargo, de acuerdo con fuentes del sector consultadas por EL UNIVERSAL, tanto Sener como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) llegaron a acumular un rezago en trámites solicitados por inversionistas privados para actividades de comercialización, transporte, almacenamiento y expendio de petrolíferos. “Los cambios se veían venir”, agregaron.
El 28 de diciembre de ese año, la Sener publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para limitar la importación y exportación de combustibles a privados, reduciendo de 20 a cinco años la vigencia de permisos.
Además, amarró los permisos a proyectos de almacenamiento de petrolíferos, lo cual fue criticado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que aseguró que dificultaría la competencia en el sector.
En la Iniciativa de la Ley de Hidrocarburos que promovió el Ejecutivo se argumenta que “existe una problemática que aún queda pendiente de atender y relacionada con los ilícitos de distribuidores de combustibles que despachan cantidades menores a las que los usuarios pagan, situación que representa un grave problema para la economía familiar”.
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De acuerdo con una estimación realizada por la Cámara de Diputados, la cantidad de litros diarios no entregados a los consumidores por este concepto asciende a un millón 736 mil litros, lo que a un precio promedio de 19.32 pesos implicaría que las gasolinerías que venden litros incompletos obtienen ganancias que ascienden a 33 millones 539 mil 520 pesos diarios.
También está presente el contrabando de combustibles, que representa una grave afectación para el erario y una competencia desleal para los permisionarios legalmente establecidos.
En 18 meses, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó más de 2 millones 117 mil litros de diesel, gasolinas y gas propano que iban a ser introducidos de contrabando de Estados Unidos por aduanas terrestres.