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Para que los programas de nueva creación o con cambios sustanciales se incluyan en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2019, primero se tendrá que elaborar un diagnóstico, ordenó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Además, el anteproyecto de gasto de 2019 de la administración pública federal, únicamente serán susceptibles de asignación los programas y proyectos de inversión (PPI) que se encuentren registrados en el Sistema de Cartera de Inversión del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocios (MSSN) de la Unidad de Inversiones de la SHCP.
Deberán contar con avances en la factibilidad técnica, legal, económica, social y ambiental, así como los estudios de mercado y otros análisis específicos de acuerdo con el sector y el programa o proyecto de inversión de que se trate; presentar indicadores de rentabilidad social altos, y contribuir al combate a la pobreza e incremento en la productividad demostrando, en su caso, un impacto regional y su contribución a un presupuesto verde.
A un mes de entregar la administración al nuevo gobierno, la dependencia encargada de integrar el PPEF, emitió las disposiciones para la Programación y Presupuestación 2019.
Los proyectos, tendrán que incluir información del Presupuesto basado en Resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño.
Tendrán que hacer una revisión y actualización de la vinculación de Programas presupuestarios con los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a partir del lunes 5 de noviembre, y a más tardar el lunes 12 de noviembre. En la asignación de recursos a los Programas presupuestarios, para la elaboración de los anteproyectos de presupuesto, las dependencias y entidades deberán tomar en consideración, al menos las directrices hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
También el documento “Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2019”, emitido el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), señala la priorización de los programas presupuestarios que contribuyen a la disminución de las carencias que conforman la medición multidimensional de la pobreza, así como de aquellos que contribuyen al acceso efectivo a los derechos sociales.
Además, las prioridades de política pública en materia de Seguridad Pública y Nacional, Ciencia y Tecnología, Educación Superior, Cultura y Desarrollo Económico.