La plataforma de riesgos de corrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) arrojó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una de las entidades de la administración pública con mayor grado de opacidad en sus contrataciones.
De acuerdo con esta plataforma, 100% del monto contratado por la empresa productiva del Estado en 2018 fue en asignaciones mediante procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa.
Ese año, en el que basa su último informe, la CFE entregó 52 contratos, ninguno con licitación, recurso que se plantea para encontrar mayor calidad en productos o servicios además del mejor precio, ante el uso de dinero público.
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Un caso similar ocurrió con el contrato que se firmó en marzo de 2022 con la empresa Troy T&D, contrato asignado mediante el procedimiento de adjudicación directa por mil 929 millones de dólares y que consiste en la compra de 8.5 millones de toneladas métricas de carbón para la central termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles, en Guerrero.
Documentación en poder de EL UNIVERSAL muestra que hay algunos avances en el contrato, cuya terminación es en diciembre de 2024, y a septiembre de este año la CFE ha recibido alrededor de 200 mil toneladas de carbón.
Este diario solicitó información sobre los avances de las entregas a la CFE y a Troy T&D, pero no obtuvo respuesta.
“En el gobierno federal persisten las prácticas de contratación que obstaculizan la competencia, la transparencia y el cumplimiento de la ley”, apuntó el Imco en julio pasado al presentar su Índice de Riesgos de Corrupción.
En el caso de las contrataciones reguladas en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se plantean 25 razones por las cuales el Consejo de Administración de la empresa puede hacer excepción del procedimiento de concurso abierto.
En ese sentido, la CFE, que dirige Manuel Bartlett, ha utilizado otros procedimientos diferentes para la convocatoria pública.
No obstante, de acuerdo con los expedientes en el portal de contrataciones de la CFE, no se detallan los argumentos de las excepciones, ni se da seguimiento a los procesos de contratación, una vez que se da a conocer el fallo, por ejemplo de modificaciones a los contratos y sobre el cumplimiento de los proveedores o contratistas.
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Se trata de aspectos que expertos en transparencia y rendición de cuentas han solicitado tanto a la CFE como a Petróleos Mexicanos (Pemex), así como respecto a la Ley de Obras y la Ley de Adquisiciones.
Transparencia Mexicana ha señalado que el país está estancado en el índice de Percepción de Corrupción por tres años consecutivos. La institución que dirige Eduardo Bohórquez apunta que la ausencia de sentencias firmes para los involucrados en grandes casos de corrupción, como Odebrecht o la Estafa Maestra, o los vinculados con el expediente de Agronitrogenados en Pemex, o de Segalmex, han puesto en duda la capacidad de la Fiscalía General de la República para ir más allá de la denuncia y llevar a los responsables a juicio.
“Pese a que la sociedad mexicana identifica a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades, las grandes tramas de corrupción no han sido sancionadas; ni se han devuelto a las arcas de la nación los recursos desviados”, apuntó la institución.
“Cada vez hay más evidencia pública de que las autoridades responsables de la impartición de justicia en esta materia podrían utilizar estas instituciones con un sesgo político-electoral”.
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