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El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió interponer una controversia constitucional contra el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 y diversas disposiciones relacionadas con las remuneraciones de los servidores públicos.
En un comunicado, el regulador explicó que esta decisión se tomó “por considerar que se vulnera la función regulatoria de este órgano, prevista en el artículo 28 de la Constitución.
“Con este recurso legal, el IFT busca garantizar el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias, su autonomía presupuestal en los términos establecidos en el artículo 28 de la Constitución y contar con los recursos mínimos que le permitan su operación, utilizando los mecanismos previstos por nuestra Constitución y con pleno respeto a las facultades de los demás órganos y Poderes de la Unión”, señaló.
Jorge Fernando Negrete, director de MediaTelecom Policy and Law, advirtió que la controversia es necesaria, legítima y tiene posibilidades de ganarse.
Sin embargo, el IFT tuvo oportunidad de defender al organismo con anticipación y dignidad, puntualizó.
“El momento procesal oportuno para defender esto era en la Cámara de Diputados y mandaron a Mario Fócil, titular de la Unidad de Administración, a defender el tema del presupuesto y debieron haber ido los comisionados, el comisionado presidente y no fue”.
La justificación de Fócil fue que el IFT recauda mucho y por eso tenía derecho a un presupuesto legítimo, a lo que un legislador respondió que el regulador no tiene fines recaudatorios sino sociales, comentó el experto.
“Creo que hubo muchos errores, no fue el presidente en ese instante porque dijo tener una sesión del pleno, no hubo sesión, no tenían el plan de trabajo terminado, han sido una serie de errores”.
En la propuesta de presupuesto se solicitaron mil 780 millones de pesos para garantizar la operación del IFT; sin embargo, la Cámara de Diputados recortó 280 millones de pesos de ese monto, ante lo que el regulador reaccionó y expuso que se ponía “en grave riesgo el cumplimiento de las atribuciones y proyectos sustantivos para 2019”.
Previo a interponer la controversia, el instituto señaló que se verían afectadas funciones como “el promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión; la promoción, supervisión y regulación del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de ambos sectores; así como sus tareas como autoridad en materia de competencia económica”.
Esta semana el ministro Alberto Pérez Dayán admitió las controversias y concedió la suspensión a Banxico para que la ley no se aplique a los trabajadores de este organismo; la suspensión no aplicó a la Cofece, pues no lo solicitó.
Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM), dijo que el regulador tiene mayor certeza sobre la controversia al ser “seguidores” de las otras dos instancias autónomas que habían presentado sus inconformidades.
“Al tener el antecedente vislumbran que hay más claridad dentro de la controversia”.
Padilla estima que la Suprema Corte tardará cuando mucho tres meses en resolver si admite o no la controversia del instituto.
Pegará a plantilla. Los mil 780 millones de pesos para el ejercicio 2019 es una cifra menor a los mil 998 millones de pesos que pidió el IFT en el Presupuesto de Egresos de 2018, esto significaba una disminución de 14.8% en términos reales y una reducción real acumulada de 26.1% desde su primer presupuesto autorizado como organismo autónomo en 2014.
“Con la reducción adicional aprobada por los legisladores, la disminución en los recursos presupuestales del instituto es de 25% en términos nominales, con relación al monto aprobado el año pasado y de 37.5% en términos reales acumulado desde 2014”, destacó el regulador.
Las modificaciones impactarán a los mil 428 empleados que forman parte de la plantilla del regulador para este año, cifra superior a los mil 364 colaboradores que laboraron en el instituto durante 2018.
Para ajustarse a las nuevas disposiciones en materia de remuneraciones, el IFT suspendió para este año prestaciones como el seguro de gastos médicos mayores, primas básicas de titular, cónyuge e hijos; seguro de separación individualizado, que constituye un beneficio del seguro de vida, porcentaje de aportación patronal neta; apoyo económico para cubrir los gastos de mantenimiento, combustible, lubricantes, seguros y depreciación del vehículo que sea de su propiedad y utilice en el desempeño de sus funciones, importe mensual neto; y estímulos al desempeño.
En el Tercer Informe Trimestral de Actividades 2018, el IFT menciona que al 30 de septiembre del año pasado había ejercido 969.71 millones de pesos, de los cuales 597.74 millones corresponden a gasto de servicios personales y 371.97 millones de pesos a gastos de operación e inversión.