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El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se realizarán tianguis del bienestar para ofrecer artículos decomisados, para el sector privado significará legalizar bienes que son ilegales, de contrabando o piratería, lo que afectará el empleo de las industrias del calzado, textil y confección.
Los presidentes de la Cámara Nacional de la Industria Textil ( Canaintex ), Manuel Espinosa Maurer, y de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido ( Canaive ), Emilio Penhos Mougrabi, coincidieron en que la mercancía es ilegal y tiene que destruirse, de lo contrario, además de violar la ley, causará daño a la industria al desplazar la mercancía que se produce en el sector formal.
Por ello los líderes de la Canaintex, Canaive, y de la cámara de la industria del calzado enviaron cartas a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier ; al subsecretario de industria y Comercio, Héctor Guerrero; a la Administración General de Aduanas; al Servicio de Administración Tributaria, entre otros, para manifestar su extrañamiento ante la posibilidad de que se legalicen las telas, ropa, zapatos y accesorios decomisados.
Explicaron a EL UNIVERSAL que el Mandatario dijo que son 300 bodegas que guardan mercancía decomisada, pero no se saben las cantidades de ropa, calzado y telas que contenga, por lo que es difícil hacer una cuantificación del daño que puede hacerse a la industria formalmente establecida.
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Espinosa Maurer dijo que “esa mercancía debe destruirse, porque no hacerlo será legalizarla”, además de que en su mayoría se decomisó por no cumplir con sanidad, con la normatividad, porque incurrió en alguna práctica comercial desleal y “no se puede distribuir en el mercado nacional una mercancía que es de origen ilegal”.
Para el líder de la Canaintex el gran riesgo es que esa mercancía sea una vez más comprada por los delincuentes a los que se decomisaron esos productos.
Toda prenda ilegal que se distribuye en el mercado nacional afecta al empleo formal y la recaudación de impuestos, lo que será un golpe para el sector porque generará un grave daño, en momentos en que la industria apenas se reactiva luego del período del confinamiento y la caída de ventas en 2020.
De hacerse los tianguis para el bienestar con artículos ilegales se impactará a la industria textil confección, la cual de enero de 2019 a agosto de 2020 perdió 72 mil empleos formales que no se han podido recuperar, pues de septiembre de 2020 a mayor de 2021 solo se recuperó el 0.3%.
Además de que no se logrará revertir la gran caída de la cadena textil-confección que en el segundo trimestre del 2020 cayó 66% por el cierre de operaciones durante el confinamiento para evitar contagios de Covid-19 , explicó.
Por su parte, Penhos Mougrabi afirmó que así no se atacará a la ilegalidad, como el contrabando y la piratería, además de que se fortalecerá la informalidad.
“Es absurdo sacarlas al mercado, va a afectar a toda la cadena completa, desde el campo al aparador”, explicó.
Si bien, el Presidente dijo que son 300 bodegas con bienes “es incalculable el daño que se pueda generar porque no sabemos qué está adentro y no existe la legislación para que lo puedan hacer”.
Por otra parte, hacerlo va contra la legalidad e incluso con compromisos en materia de protección de la propiedad intelectual, porque dentro de los decomisos hay piratería.
“En México está prohibido sacar a la venta ropa usada, tienes compromisos de uso de marcas y al distribuirla serás el promotor de la piratería y por último el impacto económico que le generará a toda la cadena industrial, por el hecho de que los pondrás a competir en una situación de disparidad”, expuso.
Sobre lo dicho por el Presidente de que preparan la regulación para distribuir la ropa, calzado y telas agregó: “No hay que encontrar la manera de legalizar lo ilegal, destruyamos la mercancía como debe ser”.
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