A dos años y nueve meses de que inició , los huachicoleros han realizado un promedio diario de 33.6 tomas clandestinas en la red de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para el transporte de gasolinas, diesel y turbosina.

El crimen organizado contabiliza 33 mil 598 perforaciones ilegales entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de mayo de este año.

En promedio, cada uno de los 17 mil kilómetros de extensión estimada de la red de ductos de la filial Pemex Logística fue perforado dos veces para extraerle petrolíferos de forma ilegal por el crimen organizado durante lo que va del sexenio.

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De acuerdo con estadísticas de la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Pemex, en poder de EL UNIVERSAL, en los primeros 33 meses del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto se reportaron 8 mil 955 tomas clandestinas, es decir un promedio de 271.36 al mes y 8.9 diarias.

Esto significa que, en este gobierno, con datos a mayo pasado, las perforaciones ilegales se han disparado 275.14% por mes y 277.5% por día, en comparación con el mismo periodo de la pasada administración.

En los mismos primeros 33 meses de la administración de Felipe Calderón el número de tomas clandestinas totalizó 962, es decir un promedio de 29 al mes y 0.9 cada día.

Información obtenida vía la Plataforma Nacional de Transparencia muestra que durante los primeros cinco meses de este año el número de tomas clandestinas fue de 4 mil 593, incluyendo 22 perforaciones para robar petróleo crudo reportadas sólo en mayo.

Los reportes muestran que la presencia de los huachicoleros se concentra en Hidalgo —que encabeza la lista—, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Baja California, Tabasco, Michoacán, Veracruz y Tabasco.

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Durante la administración de Peña Nieto el combate al robo de combustibles se enfocó en la detección de tomas clandestinas en ductos, dejando de lado los posibles actos de corrupción al interior de la empresa que pudieron haber propiciado este delito.

En el libro blanco ‘Diseño y Aplicación de la Estrategia Integral de Salvaguardia para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2012-2018’ no hay una sola mención de posibles actos de corrupción al interior de la petrolera.

De acuerdo con el documento el ‘Mercado Ilícito de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos (MIHPP) 2018’, este delito se convirtió en un problema de seguridad nacional que, al carecer de atribuciones legales para su combate, “coloca a la empresa en el papel de víctima”.

De acuerdo con Pemex, en ese momento las estrategias y acciones del Estado en contra de la delincuencia organizada fragmentaron las estructuras criminales, lo que propició, entre otros cambios, la ampliación de actividades delictivas, entre ellas la sustracción ilícita de hidrocarburos a través de tomas clandestinas.

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Según reportó EL UNIVERSAL en mayo de 2015, desde 2008 Pemex puso en operación al menos 15 programas de seguridad con un costo que supera 28 mil 312 millones de pesos, e incluyen desde el uso de drones, aviones y lanchas no tripuladas, vehículos tácticos de reacción rápida, radares Sentinel, un sistema de monitoreo de ductos (SCADA), la construcción de un centro de inteligencia en la exrefinería 18 de Marzo, actualización de plataformas informáticas y la adquisición de unidades de puesto de mando móviles, así como la construcción de guarniciones militares.

Sin embargo, a partir de 2015 se detonó la incidencia del ilícito, al reportarse 5 mil 252 perforaciones ilegales. A partir de ahí los números fueron creciendo, y en 2016 el total fue de 6 mil 873.

Para 2017 el robo de combustibles se disparó a 10 mil 316 tomas clandestinas y, en 2018, alcanzó su máximo histórico, de 14 mil 910. De esa cantidad, 4 mil 846 corresponden a la nueva administración.

En diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos de Pemex, un plan “necesario, urgente por lo que implica en cuanto a fuga de dinero público. Es un robo a bienes de la nación, a recursos públicos, dinero de todos los mexicanos”, dijo durante su presentación.

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Dijo que la estrategia cuenta con la participación de 15 dependencias del gobierno de México, entre las que destacan las secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública, de la Función Pública, del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público, y de Energía; la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría Federal del Consumidor.

Afirmó que a partir de ese momento “no habrá tolerancia para el llamado huachicol, ilícito que será catalogado como grave una vez que se reforme la Constitución”.
López Obrador informó que en 2017 el robo de combustible significó una pérdida para Pemex de 60 mil millones de pesos. En ese año se robaron diariamente más de 600 pipas de 15 mil litros cada una.

Pese a que se ha reducido el número de tomas clandestinas de 14 mil 910 en 2018 a 13 mil 137 en 2019, 11 mil 22 en 2020 y de enero a mayo de este año 4 mil 594, los números siguen siendo elevados.