La colusión entre criminales y pobladores de varias zonas del país ha llevado al huachicol a un auge en este sexenio, al registrar cifras históricas de tomas clandestinas, advirtió Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Los responsables de esta actividad ilícita suelen ser, en la mayor parte de los casos, miembros de organizaciones criminales que han generado alianzas con los pobladores locales, quienes, a cambio de una remuneración económica, se suman a dichas actividades delictivas”, señaló Pemex en una respuesta vía Transparencia.
Y es que las tomas clandestinas en ductos en lo que va de este gobierno, desde diciembre de 2018 hasta mayo de 2024, último dato disponible, alcanzaron un total de 68 mil 923, un crecimiento de 97% en comparación con el mismo lapso de la administración pasada, de diciembre de 2012 a mayo de 2018, cuando entonces sumaban 34 mil 920.
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La situación ha crecido tanto, al grado de que las perforaciones ilegales han escalado a los ductos de turbosina que proveen el combustible para aviones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el más grande del país por niveles de operaciones y flujo de pasajeros.
Para expertos, este problema se sigue registrado en el territorio nacional debido a que desde hace años los grupos delictivos suman incluso a poblaciones completas a esta actividad y, pese a su severidad y las pérdidas que representa tanto para Pemex como para el país, no se avizora un ajuste o cambio de estrategia para enfrentarlo.
Problema social
Javier Oliva, coordinador del seminario en estudio de Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM, expuso que en el país algunas poblaciones se han conformado como bases sociales del crimen, lo que ocurre por omisión y complicidad en la comisión de los diversos delitos.
“Así pasa con los asaltos a los trenes de carga, poblaciones enteras roban. Lo que se debe hacer es sólo aplicar la ley, pero no se hace. Hay que abrir carpetas de investigación, no se requiere inventar nada, sólo es que no se ha querido. Estamos viviendo una transformación del Estado, sí, donde los mexicanos y su sociedad conviven cada vez más con prácticas ilegales y ‘paralegales’”, advirtió.
En el caso de las colonias dónde se encontraron tomas clandestinas en los ductos para turbosina del AICM, Pemex reservó la información al argumentar que al proporcionar dichos datos se acotaría el radio de búsqueda para los grupos criminales, haciendo posible la colocación de una nueva toma del combustible.
“Hay que ver también qué mercado se está buscando con esto, porque las aerolíneas comerciales no podrían usar este combustible, en el caso de la turbosina. Esto ya habla de que es un mercado muy sofisticado”, agregó Oliva.
Pemex, empresa dirigida por Octavio Romero Oropeza, también indica que compartir esa información de las colonias sería equiparable a orientar a grupos criminales a los hogares, un riesgo inminente para los habitantes de las zonas por las tomas de los combustibles.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Tlahuelilpan, Hidalgo, cuando a inicios de 2019 se incendió un ducto que tenía una toma donde la población estaba recolectando el combustible. En ese incidente hubo un total de 137 personas fallecidas por quemaduras.
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“Ya hemos visto que cuando se voltea un tráiler, los pobladores van a saquear en lugar de ayudar, lo que nos dice que algo está mal en la sociedad, y las autoridades dejan que esas situaciones sucedan”, expuso Susana Cazorla, socia consultora de SICEnrgy.
“El gobierno ahora parece que se compadece hasta de las personas que roban los ductos. Es la sociedad que hemos creado y por eso las organizaciones criminales tienen una gran oportunidad para reclutar a más personas”, agregó.
En opinión de Cazorla, “estas alianzas a las que se refiere Pemex se dan ya sea por necesidad de las personas o, más que alianzas, son por la fuerza. Estamos llegando a un momento en que la pobreza se convierte en una excusa y esto nunca va a terminar bien”.
Los especialistas coinciden en que esta problemática afecta a la petrolera en sus finanzas, las cuales están en números rojos, y por ende al país completo. Además, tienen un impacto negativo directo para los consumidores porque todas esas pérdidas de Pemex, que pasan a bolsillos de la delincuencia, se ven reflejadas en los precios de los combustibles.
“Se debe analizar al interior de Pemex, ya que las personas que han salido en cada fin de gobierno, que han sido muchas, tienen información confidencial sobre dónde se ubican los ductos y cómo son las infraestructuras estratégicas”, apuntó Cazorla.