Las denuncias ciudadanas ante Petróleos Mexicanos (Pemex) por robo de combustibles transportados en sus ductos, mejor conocido como huachicol, se redujeron a la mitad este año.
A la par, la oferta de combustibles ilícitos mantiene una tendencia creciente en el mercado nacional debido a que en este delito hay numerosos intereses involucrados, lo que complica acabar con él, señalaron expertos.
De acuerdo con cifras obtenidas por EL UNIVERSAL vía transparencia, entre enero y julio de 2024 Pemex recibió 58 denuncias ciudadanas sobre tomas clandestinas, por debajo de las 117 en el mismo lapso de 2023. Esos reportes se notifican a la petrolera directamente por personas y también de forma anónima vía correo electrónico o por teléfono.
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Se trata de la menor cantidad desde 2013, cuando el huachicoleo carecía de la magnitud o alcance nacional que tiene ahora.
Esta situación se da pese a que en los últimos años las tomas en ductos siguen apareciendo por todo el territorio nacional, y tanto el sector privado como las autoridades reconocen que uno de cada tres litros de combustibles automotrices en el mercado interno es de origen ilícito, ya sea de tomas clandestinas, huachicol fiscal o, más recientemente, mezclas ilegales.
Las cifras obtenidas en la Plataforma Nacional de Transparencia indican que de enero a julio de 2023 se alcanzó el nivel más alto de reportes de tomas clandestinas con 9 mil 190 casos, superando cualquier periodo comparable desde 2012.
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Aumenta la complicidad
Pemex ha expresado su preocupación sobre el crecimiento de este problema y la relación entre bandas criminales y las poblaciones.
“Los responsables de esta actividad ilícita suelen ser, en la mayor parte de los casos, miembros de organizaciones criminales que han generado alianzas con los pobladores locales, quienes, a cambio de una remuneración económica, se suman a dichas actividades delictivas”, reconoció Pemex en otra respuesta vía transparencia a esta casa editorial.
Para Fausto Carbajal Glass, consejero senior de riesgo político y seguridad en Miranda Partners, el huachicoleo obedece a uno de los principales cambios cualitativos del submundo criminal en México, que es la diversificación económica de los grupos de la delincuencia organizada.
Múltiples grupos delictivos han encontrado una oportunidad redituable en la generación y mantenimiento de economías ilícitas, más allá de las tradicionales asociadas al tráfico de drogas, dijo.
“Francamente será difícil que deje de existir el llamado huachicoleo, ya que hay muchos intereses que van más allá de los grupos delictivos. Me refiero específicamente a comunidades enteras que se benefician de este delito, así como a actores económicos y políticos que también han salido favorecidos del huachicol”, señaló.
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“No obstante, será deseable que la siguiente administración fortalezca una estrategia integral orientada a prevenir y mitigar el huachicol en el país. Algo que puede facilitar esto es que se encuentra focalizado geográficamente”.
Además, este problema ha escalado al consumidor, pues suben las denuncias ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por daños en autos luego de comprar combustibles en estaciones de servicio. Walter Julián Ángel Jiménez, comisionado de la CRE, expuso hace una semana que en 2020 el organismo recibía una denuncia cada día sobre estos problemas que reportaban los automovilistas en sus vehículos, pero ahora son 10 diarias. El funcionario apuntó que el problema también ha alcanzado a personal al interior de las instituciones de seguridad.
“En alguna ocasión teníamos fotografías aéreas de una instalación que tenía por lo menos unos 50 autotanques ahí estacionados. Hubo un pitazo, seguramente se filtró la información entre los organismos de seguridad que estaban trabajando, y en una noche se fueron todos”, relató.
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Reto urgente
Adrián Duhalt, analista del sector energético, indicó que el problema es tan grande que estimar su magnitud es complicado.
“El huachicol representa un desafío en el que el próximo gobierno deberá poner atención. Y es que el robo de combustible no sólo afecta las finanzas de Pemex, sino que también es una actividad que pone en riesgo a las comunidades cercanas a los ductos”, alertó.
“Creo que para resolver esta problemática es necesario destinar recursos para fortalecer la seguridad en torno a la infraestructura de Pemex y cambios al interior de la empresa que garanticen una mayor eficiencia en sus operaciones”.
Los expertos coinciden en que este es uno de los retos más importantes para el siguiente gobierno, aunado a la propia deuda de la empresa petrolera, la cual rebasa 100 mil millones de dólares.