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noe.cruz@eluniversal.com.mx
Pese al insistente argumento de que el huachicol “casi se acabó”, Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue siendo presa del crimen organizado.
El número de tomas clandestinas en su red de ductos para extraer gasolinas, diesel, turbosina y gas LP es alto, y en este último caso, escala ya a niveles preocupantes.
El robo de producto a pipas no cesa, las agresiones al personal dedicado a reparar los ductos son constantes y las numerosas denuncias que el grupo de abogados de la empresa interponen ante el Ministerio Público no encuentran eco.
Son delitos a los que se sigue enfrentando la petrolera todos los días y que, lejos de acabar, en algunos casos se incrementan.
Información de Pemex, entregada vía la Plataforma Nacional de Transparencia, revela que estos delitos siguen minando a la industria petrolera estatal y privada, a pesar del Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos en Pemex, en donde participan 15 dependencias como las secretarías de la Defensa y Marina y ahora la Guardia Nacional.
Un balance de la problemática al cierre de los primeros siete meses de este año, realizado por la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex, al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, da cuenta de la dimensión que tiene la cadena de ilícitos contra Pemex, sus instalaciones ―en este caso ductos― y de su personal.
Si bien es cierto que el volumen de combustibles asegurado se redujo de 25 millones 183 mil 834 litros en 2018 a 7 millones 956 mil 395 litros entre enero y julio de 2019, el número de tomas clandestinas en ductos ha tenido una variación poco significativa: en los primeros siete meses de 2018 se reportaron 8 mil 706, en el mismo lapso de este año suman 8 mil 655.
El gobierno federal se refiere al volumen asegurado, pero no existe una estadística de los combustibles que no pueden asegurarse.
El año pasado, el exdirector de Pemex, Carlos Treviño, estimó en 34 mil 711.7 millones de pesos el valor de la desviación de los volúmenes de petrolíferos o pérdidas para la empresa por tomas clandestinas.
El panorama se torna más grave en el caso de las tomas clandestinas de gas LP, pues aumentaron 202% en los primeros siete meses del año, y se prevé que sumarán más de mil al cierre de 2019.
Las perforaciones para extraer este tipo de combustibles pasaron de 206 reportadas en los primeros siete meses de 2018 a 623 en el mismo periodo de este año.
La información de Pemex indica que en este año se han registrado 32 robos a pipas para sustraerles el producto. A pesar de que la estrategia en contra del robo de combustibles contempla el acompañamiento de miembros de la Guardia Nacional, este delito se sigue presentando.
En Veracruz se da el mayor número de delitos de esta naturaleza. En el periodo enero-julio fue robado el producto que transportaban 24 pipas ―11 en el municipio de Córdoba―, mientras que en Puebla se registraron ocho incidentes, seis de ellos en la capital del estado.
A lo largo de 2018, los reportes de la empresa refieren que el crimen organizado le robó el producto a 14 pipas. En todos los casos, tanto el año pasado como en 2019, se sustrajo el producto a las unidades, las cuales tienen capacidad de transportar de 20 mil a 30 mil litros, pero las pipas fueron recuperadas.
Sobre las denuncias presentadas por el robo de combustibles, según la Dirección Jurídica de Pemex, a través de la Unidad de Estadísticas Jurídicas, el número ha ido en aumento: en 2018 la empresa presentó 7 mil 427 denuncias por el delito de robo de hidrocarburos en su modalidad de tomas clandestinas, pero sólo se reportaron 145 detenidos y no todos fueron procesados.
Este año, hasta julio, el número de denuncias se ubicó en 11 mil 907, pero las cifras sobre detenidos y procesados no ha sido difundida.
El balance de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex hace referencia a las agresiones a trabajadores, mismas que sumaron 129 en 2018 y para los primeros siete meses del año en curso suman 53.
Sin embargo, la empresa petrolera solamente presentó denuncias en seis de los 182 casos de agresiones registrados en contra de sus trabajadores durante esos 19 meses.