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A partir de hoy se impondrá cárcel de hasta seis años a quien expida, venda o compre facturas que amparen operaciones inexistentes, dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En el decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y que entra en vigor a partir desde este viernes 17 de mayo de 2019, se valida la reforma que endurece las sanciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación (CFF) para factureros de empresas fantasma.
El Congreso de la Unión aprobó reformar la fracción III del artículo 113 y adicionó el artículo 113 Bis del CFF para imponer cárcel de tres meses a seis años de prisión al que adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Además, se avaló imponer cárcel de tres a seis años al que expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
En abril de este año, diputados y senadores aprobaron la iniciativa de reforma del CFF para incrementar la pena de prisión de tres a seis años; antes de los cambios, era de tres meses a seis años a quien expidiera facturas para simular operaciones, con el objetivo de atacar hechos como la proliferación de empresas fantasma.
La reforma tiene como propósito desincentivar la comisión del delito de emisión de facturas para simular operaciones inexistentes con sanciones que castigan tanto a los que venden, emiten y compren los comprobantes fiscales electrónicos para evadir al fisco simulando operaciones con empresas fantasma.
Para la autoridad fiscal, estas prácticas las identifica como EFOS, es decir, las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas, al comprobar fiscalmente operaciones como compras o servicios que en realidad nunca se llevaron a cabo.
Del otro lado, es decir, las que compran las facturas digitales para incrementar sus gastos de operación para reportarlas ante el fisco con el fin de pagar menos impuestos, se les conoce como las EDOS o Empresas que Deducen Operaciones Simuladas.
En la iniciativa se reconocía un monto de más de 2 billones de pesos por facturación de operaciones inexistentes, es decir, 70% de la recaudación prevista para 2018, y la existencia de más de 8 mil 500 empresas fantasma que las utilizan.
