Las empresas afectadas por la reforma a la Ley de Hidrocarburos presentarán amparos porque la legislación es contraria a lo que dice la Constitución y será el Poder Judicial quien decidirá si se admiten o no esos recursos de inconformidad, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.
Durante la presentación del " Manifiesto México " -que es parte de la campaña participo, voto y exijo de la Coparmex-, el líder del sindicato patronal dijo que seguramente las empresas afectadas recurrirán a los amparos.
En respuesta a si se esperan amparos al igual que contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica , Medina Mora mencionó: “Sí, esperamos con la ley de hidrocarburos que haya amparos por aquellas empresas que son afectadas, como hemos comentado, esta ley atenta contra lo que la Constitución defiende que es la libre competencia y la libre concurrencia”.
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Ante esto, agergó, “entonces las empresas que serán afectadas con esta ley de hidrocarburos, la expectativa es que presenten los amparos correspondientes, ya le tocará al poder judicial decidir si aplican o no estos amparos”.
Dijo que las reformas que aprobó el Congreso a la Ley de la Industria Eléctrica y a la Ley de Hidrocarburos violan los mismos artículos constitucionales, tal y como lo manifestó la Comisión Federal de Competencia Económica.
Aunque la idea es que se fortalezca a las empresas del Estado, es decir, a CFE y Pemex, pero para que mejoren no hay que quitar la competencia, sino fomentarla, destacó.
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Sobre los cambios en materia de subcontratación, Medina Mora expuso que “no tenemos expectativa de que haya amparos, más bien de que haya definiciones” sobre el outsourcing especializado, lo que se tiene que aclarar en los lineamientos que deberán publicarse.
Por otra parte, aseguró que el sector privado considera que el mejor camino para llegar a consensos de políticas públicas en el país es a través del diálogo, tal y como se hizo para la ley de outsourcing en la que se sentaron a platicar gobierno federal, legisladores, trabajadores y sector privado.
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