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Si el Congreso de la Unión decide aprobar la Ley de Hidrocarburos, el sector privado recurrirá a amparos y a litigios que eventualmente terminarán en una indemnización, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.
De concretarse el cambio a las reglas de la industria de hidrocarburos, dijo, se afectará el proceso de competencia y libre concurrencia que garantiza la Constitución tal y como lo expuso la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en la misiva que envío al Congreso de la Unión.
Durante la firma del convenio entre el IMEF y la Coparmex, Medina Mora expuso: “Claro que al afectar empresas que han invertido en nuestro país con las reglas actuales, habrá amparos que en todo caso se tendrán que resolver y probablemente en la instancia de la Suprema Corte de Justicia , como la Ley de la Industria Eléctrica”.
Agregó que de presentarse litigios judiciales “se tendrá que indemnizar a las empresas que invirtieron en nuestro país con las reglas existentes si estas cambian y es un costo adicional para el país”.
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Al respecto, el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Ángel García-Lascurain, comentó: “Los cambios a la ley de hidrocarburos representan un retroceso en el desarrollo de un mercado competitivo, no garantiza mejores tarifas para las familias y las empresas, y pueden afectar negativamente en el bienestar de los mexicanos en materia de salud”.
Agregó que esos cambios a las leyes en el sector energético “impactan” o afectan directamente en el atractivo de México como destino de inversión.
Outsourcing
Sobre la subcontratación , Medina Mora expuso que esperan se respeten los tres meses para que las empresas realicen los cambios en la materia y no se adelanten los tiempos, como lo pretende hacer el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Es “importante que sí se respete este periodo de los tres meses (de transición) para el ajuste de las empresas. Quizá lo ideal de la implementación de esta ley de subcontratación es que inicie en enero de 2022 como ya lo ha señalado la Secretaría de Hacienda, pero estaremos atentos a que esta disposición se cumpla cuando se apruebe”, expuso el líder de la Coparmex.
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Agregó que el acuerdo fue que haya tres meses para implementar los cambios, es decir de junio a agosto“para que las empresas puedan adaptarse a estos cambios que tendrá la ley, para que entre en vigor el primero de septiembre, esto pudiera cambiar las fechas de acuerdo con lo que se apruebe en la Cámara de Diputados y Senadores, y estaremos atentos a lo que suceda”.
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