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A pesar de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene el área de tecnología más grande de América Latina, las intermitencias que se han presentado en este año se deben a las guerras que hay entre las empresas de telecomunicaciones, acusó la jefa del organismo, Raquel Buenrostro Sánchez.
“Una guerra corporativa entre privados de empresas de telecomunicaciones, no sé quién, pero una rompió la fibra de otra de telecomunicaciones y se cayó el servicio para privados y para el sector público. Todos nos quedamos sin servicio”, imputó.
En conferencia de prensa, en la presentación de la Guía para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante el proceso electoral, dijo que por esa causa los contribuyentes se han visto afectados.
“Para el SAT es un problema, porque si no tenemos internet se nos caen todos los servicios y tenemos que dar atención al contribuyente, al comercio exterior en las aduanas, que en una hora se hacen 10 kilómetros de fila si no hay servicio”, ponderó.
Dijo que es una presión impresionante, porque el SAT tiene que resolver en minutos en encontrar otra salida.
“Eso nadie lo tiene previsto, y mientras se detecta el problema y se resuelve, no podemos poner excusas ante la población porque no nos creen”, esgrimió.
Buenrostro destacó que el área de tecnología del SAT es la más grande de América Latina, incluyendo sector público y privado.
“No hay nada más grande en tecnología en América Latina comparable, si acaso, un poquito debajo de América Móvil”.
Guía antilavado
Para asegurar unas elecciones libres de lavado de dinero, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vigilarán las operaciones de los participantes con tarjetas prepagadas, criptomonedas, donaciones, juegos y sorteos, traslado de dinero, empresas fantasma y factureras.
De acuerdo con la Guía para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante el proceso electoral, se dará especial seguimiento a los clientes y a los usuarios de las actividades consideradas vulnerables al lavado de dinero.
Entre ellos, destacan los candidatos, precandidatos, independientes, dirigentes partidistas, militantes, servidores públicos, dirigentes sindicales y personas políticamente expuestas.
Las joyerías, galerías de arte, casinos, notarios, contadores, distribuidoras de autos, empresas de blindaje, inmobiliarias, emisoras de tarjetas y cheques de viajero, donatarias, activos virtuales y comercio exterior, tendrán que elaborar los avisos antilavado de operaciones de los involucrados en las campañas políticas.
Santiago Nieto mencionó que debido a que es la primera ocasión que hay una guía vinculada en materia electoral entre el SAT y la UIF, hasta que acabe todo el proceso tendrán los datos de cuántos avisos fueron enviados por los sujetos obligados.
