Más Información
cartera@eluniversal.com.mx
El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda, advirtió que hay grupos poderosos que quieren bloquear la reforma para combatir a factureros fantasma, y asustan a empresarios de que es terrorismo fiscal.
“No hay que olvidar que son grupos poderosos que tienen recursos para sabotear la reforma”, acusó.
El proyecto, destacó, también va encaminado a castigar a los funcionarios involucrados y que permitieron la defraudación fiscal.
En entrevista, durante el segundo congreso de Prevención de lavado de dinero, organizado por Thomson Reuters, dijo que los empresarios honestos no tienen de qué preocuparse.
Van migrando. Estableció que si bien se tienen resultados favorables, es importante reforzar el combate contra los factureros, porque son mafias que están migrando de actividad e incluso a otros países.
Primero empezaron como cooperativas, después a sociedades rurales y ahora al outsourcing, por eso hay que perseguirlas, aseveró.
Estas factureras se están mudando a otros lugares como Argentina y Uruguay, de ahí que varios organismos internacionales están pendientes de la reforma que se analiza en el Senado, ponderó.
Se está trabajando con esos países y la OCDE para recuperar, por medio de acuerdos, lo omitido.
Dijo que los empresarios honestos no deben preocuparse, pero reconoció que la mayoría de las devoluciones están paradas porque se han encontrado factureras que piden reembolso.
Destacó que hay empresas con 500 firmas electrónicas o con más de 300 domicilios fiscales, un foco rojo del que nunca se hizo nada.
Incluso, afirmó que hay empresas simuladoras que están en la lista que se publica en el Diario Oficial de la Federación, las cuales nunca pudieron acreditar la materialidad de los servicios prestados.
Funcionarios involucrados. El abogado de la Secretaría de Hacienda sentenció que la reforma que se analiza en el Senado tiene muchas resistencias porque puede haber funcionarios involucrados.
Dijo que no irán tras ellos por su carácter de servidores públicos, sino como parte de la delincuencia organizada, pero su condición agravará la calificativa, advirtió.
Sobre las críticas de que no se puede tipificar la defraudación fiscal de factureras como delincuencia organizada porque no es problema de seguridad nacional, aseveró que se trata de un delito que atenta contra las finanzas públicas, las cuales dan estabilidad al sistema de derecho y al Estado.
Expuso que al constituirse como empresas, se hizo como sociedad jurídica, pero en los hechos no siguen el objeto social para lo que se crearon sino para actividades ilícitas a través de estructuras para defraudar al fisco federal.
