Solidaridad, QR.— El gobierno pierde la oportunidad de combatir el robo de diésel mediante el cruce de información proveniente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), comentó Leonardo Gómez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).
“El gobierno tiene toda la información de quién está adquiriendo combustible ilícito y quién está haciendo bien las compras. Me refiero a que, con el complemento de la Carta Porte, se pueden saber cuántos kilómetros recorres al mes y al año, y cuánto se está acreditando, pues es una forma de digitalizar el transporte de carga y, por lo tanto, el gobierno también puede buscar quién está haciendo bien y mal”, expuso a EL UNIVERSAL en la edición 24 del Foro Nacional de Transporte Privado de la ANTP.
La Carta Porte, conocida como el pasaporte digital de las mercancías, es un complemento de la factura electrónica que los permisionarios del autotransporte de carga deben emitir para amparar el traslado de productos en el país y es obligatoria desde enero de 2022, mientras que en operaciones de comercio exterior se exige a partir de este año, según la autoridad fiscal.
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El gobierno puede combatir el huachicol mediante un convenio entre el SAT y la SICT para saber cuántos kilómetros adicionales recorren los camiones frente al diesel que consumen, cuya diferencia permitirá definir las unidades que usan combustible ilegal, expuso.
La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) informó que un tercio de los litros de combustibles en el país se venden ilegalmente, ya sea porque se obtienen de tomas clandestinas, huachicol fiscal o creación de mezclas que dañan a los automóviles.
El expresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Rogelio Montemayor, reconoció el creciente problema. “No necesitas más que irte a la carretera y ver los expedientes para darte cuenta”.
“Es una práctica desleal en el mercado, donde competimos contra gente que hace cosas diferentes, pero ahí también la autoridad debería estar regulando para evitar este tipo de situaciones con esas empresas, y la gente que está proveyendo de un diésel ilegal”, dijo en entrevista con este diario.
“En la carretera puedes ver a la gente que está comprando y vendiendo. ¿Por qué no ir primero por algo que está a la vista de todos?”, agregó Montemayor.
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Mutación del problema
De ser sólo el petrolífero que se robaba de los ductos, el huachicol pasó a la importación disfrazada de otra fracción arancelaria para pagar menos impuestos, lo que permite ofrecer precios más bajos que en el mercado legal.
Todo esto genera daños al erario, a los empresarios, al empleo y a los consumidores, explicó Rogelio Montemayor.
Una encuesta de PetroIntelligence reveló que 59% de los gasolineros perciben hoy un robo mayor directo a los consumidores con litros incompletos en comparación al año pasado. Esto a pesar de que la Profeco ha dado seguimiento al sector y presenta resultados cada semana en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
A lo largo y ancho del país, el litro de diesel se vendió en promedio a 25.19 pesos durante junio, el precio más caro en la historia y un incremento de 4.41 pesos desde que comenzó la Cuarta Transformación, de acuerdo con la información más reciente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Las gasolinerías en Quintana Roo ofrecieron el combustible más caro, cuyo precio llegó a 26.71 pesos por litro, mientras que en segundo lugar se encuentra Baja California Sur, donde el litro se ofreció en 26.21 pesos, más de un peso por arriba del promedio nacional.
