A mitad del presente año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) consideró en sus actualizaciones hacer ajustes en los gastos obligatorios del gobierno federal.
La reducción en ese gasto fijo, el cual es necesario para la operación gubernamental, se está dando más en sueldos y salarios de servidores públicos, el Fondo de Desastres, pago de deuda y por responsabilidad patrimonial.
Se trata de todas las erogaciones que realiza el gobierno que son indispensables para que el aparato burocrático cumpla con sus funciones; por lo general, estos conceptos consumen más de 80% del presupuesto federal.
Para 2021, la Cámara de Diputados aprobó para este gasto irreductible 5.2 billones de pesos, considerando pensiones y jubilaciones, monto que subió a 5.8 billones para el actual ejercicio.
En el presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022, aprobado por un total de 7.8 billones de pesos, se estableció como prioridad cumplir con los gastos obligatorios como el pago de la deuda, pensiones, recursos transferidos a las entidades federativas y municipios, así como las transferencias a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado.
Si bien se cumplirá con este compromiso, será con menores recursos anuales a los asignados, luego de las modificaciones que realizó la SHCP al cierre del primer semestre de 2022.
Como parte de este rubro, el gasto regularizable en servicios personales, el cual comprende las percepciones ordinarias de servidores públicos, así como erogaciones de seguridad social y fiscales inherentes a dichas percepciones, fue modificado con menores recursos a los aprobados por la Cámara de Diputados para el ejercicio anual de 2022.
Pasó de contar con 980 mil 987 millones de pesos aprobados originalmente para todo este año, a 974 mil millones de pesos, según muestran datos de Hacienda.
De igual manera, el gasto para previsiones del Fondo para la Prevención de Desastres, el Fondo de Desastres y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas fue reducido de 9 mil 262 a 5 mil 132 millones de pesos.
Para el pago de la deuda pública y los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas) quedaron 813 mil 508 millones de pesos, contra 821 mil 463 millones aprobados inicialmente.
Asimismo, se decidió ajustar las previsiones de gasto de la atención de la población indígena de 112 mil 325 millones a 107 mil 595 millones de pesos.
Lo mismo pasó en el caso de las erogaciones por concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, las cuales sufrieron una modificación al pasar de 680 mil 964 millones a 672 mil 414 millones de pesos para este año.
Dichos ajustes sirvieron para favorecer otros rubros, como el gasto obligatorio para cubrir indemnizaciones y obligaciones de resoluciones definitivas emitidas por la autoridad competente, al aumentar de 3 mil 626 millones a 4 mil 719 millones de pesos.
También ocurrió en las erogaciones determinadas para pensiones y jubilaciones, al aumentar de un billón 172 mil millones de pesos a un billón 175 mil millones de pesos, con lo cual se confirma que es el rubro que más pesa al interior de todo el gasto obligatorio del gobierno.
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