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El Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (Gafi) establecerá requisitos más detallados de regulación para mitigar adecuadamente los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo asociados con las actividades de activos virtuales.
El nuevo estándar deberá ser aplicado por los países miembros como México a partir de junio, de acuerdo con lo acordado en la reunión realizada en Francia, a cargo de Estados Unidos, que tiene la presidencia en turno del Gafi, representado por el subsecretario de Financiamiento del Terrorismo del Departamento del Tesoro, Marshall Billingslea.
El grupo antilavado ha estado trabajando en una nota interpretativa a la recomendación número 15 que deben seguir los países.
Gafi tiene en total 40 recomendaciones que sirven de guía para los países miembros, con base en esas sugerencias se hace una evaluación para ver el grado de cumplimento y compromiso en su lucha contra el lavado de dinero.
La recomendación número 15 establece que los países y las instituciones financieras deben identificar y evaluar los riesgos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo que pudieran surgir con respecto al desarrollo de nuevos productos y prácticas comerciales, incluyendo nuevos mecanismos de envío y el uso de nuevas tecnologías.
Ante el surgimiento de las criptomonedas, como el Bitcoin, en octubre de 2018, modificó la recomendación 15, con el propósito de aplicar los estándares antilavado a las actividades u operaciones que involucran activos virtuales.
Pide cárcel a lavadores. El texto de la nueva nota interpretativa se concluyó y deberá ser adoptado formalmente como parte de los estándares del Gafi en junio de 2019.
La nueva nota contiene ocho puntos, y mientras se adopta, el grupo recibirá y sugerencias del sector privado para reforzar el tema relacionado con las medidas preventivas aplicadas a los proveedores de servicios de activos virtuales.
Gafi pide a los países proporcionar de manera rápida, constructiva y eficaz el rango más amplio posible de cooperación internacional con relación al lavado de dinero, los delitos predicados y el financiamiento del terrorismo relacionado con activos virtuales.
Los reguladores deberán intercambiar datos independientemente de la naturaleza o estado de los supervisores y las diferencias en nomenclatura o estado de los proveedores de servicios de los activos.
Los países deben garantizar que haya una gama de sanciones efectivas y disuasorias, ya sean penales, civiles o administrativas, para hacer frente a los proveedores de servicios de activos virtuales que no cumplan con los requisitos antilavado y en materia de financiamiento al terrorismo. Pide que las penas sean aplicables a los directores y altos directivos de las empresas proveedoras de servicios de monedas virtuales.
Se ofreció una orientación basada en riesgos para que los profesionales legales, contadores y proveedores de servicios de confianza y de empresas estén mejor preparados para la lucha contra el lavado.
En la semana del Gafi, se trabajó con 100 documentos de diversos temas importantes para proteger la integridad del sistema financiero y contribuir a la protección y seguridad global.
