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Con el argumento de desalentar el consumo de cigarros, refrescos y otras bebidas que causan problemas de salud, el gobierno federal propuso al Congreso subir los impuestos a estos productos a partir del siguiente año.
Sin embargo, el sexenio de Enrique Peña Nieto demostró que esta medida, aunque es una bocanada de oxígeno para las finanzas públicas, no funciona para reducir su consumo y además incentiva la informalidad, coinciden expertos.
El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda, en representación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó la propuesta de Paquete Económico para 2020, que incluye una iniciativa para que suban las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que pagan las empresas que producen cigarros, refrescos y bebidas energetizantes, así como para homologar el gravamen a las cerveceras.
Desde su aparición, los impuestos especiales han probado ser una jugosa fuente de recursos para las arcas públicas. En el primer semestre de 2014, año en que entró en vigor la reforma hacendaria de Peña Nieto, se recaudaron 37 mil 971 millones de pesos por la aplicación del IEPS a estos artículos.
No obstante, estos impuestos incumplieron el supuesto objetivo por el que los crearon: reducir el consumo de estos artículos por sus efectos adversos sobre la salud.
Las tabacaleras casi duplicaron sus ventas durante este tiempo, cuyo volumen pasó de 997 millones de cajetillas de cigarros en el primer semestre de 2014, a mil 733 millones en el periodo igual de 2019, según los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del Inegi.
El consumo de cervezas se incrementó de 4 mil 608 millones de litros a 6 mil 95 millones, el de refrescos y jugos se elevó de 9 mil 651 millones de litros a 10 mil 172 millones, y el de bebidas energetizantes aumentó de 190 millones de litros a 238 millones en igual lapso.
Garantía de recursos
El gobierno de López Obrador planea que estos productos paguen más impuestos, porque está consciente que la población seguirá consumiéndolos aunque suban de precio, siendo garantía de una mayor recaudación, opinó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
Al igual que el sexenio pasado, la población reducirá el consumo de estos artículos por unas semanas o meses y luego lo regularizará, pero dejando de adquirir demás productos, y otras personas preferirán comprar en el mercado informal.
Cifras de la Anpec señalan que los refrescos representan 15% de las ventas totales en tiendas de abarrotes en el país y los cigarros 10%, es decir, ambos concentran una cuarta parte del ticket promedio en los pequeños comercios.
“Con sus medidas recaudatorias, el gobierno perjudica al sector formal de la economía y fomentando la informalidad, misma que conlleva a la evasión fiscal, riesgos sanitarios y financiamiento de la actividad criminal”, dijo Rivera en entrevista con EL UNIVERSAL.
Destacó que mucha población adquiere cigarrillos de contrabando que cuestan un tercio del tabaco legal, cuyos compradores serán más si suben los impuestos.
En los refrescos puede pasar algo similar, pues cada vez más personas buscarán las bebidas azucaradas baratas, algunas sin marca registrada, ni control sanitario y evadiendo impuestos, advirtió.
Al igual que durante el sexenio anterior, el gobierno actual lo que busca realmente es mejorar la recaudación con la aplicación del IEPS a estos productos, argumentando cuestiones de salud pública, y al final los consumidores van a pagar los mayores impuestos, no las empresas.
“Con esta propuesta fiscal, el Presidente deshonró su compromiso de no crear nuevos impuestos, ni subir los existentes, durante los primeros tres años de su administración”, opinó el líder de los pequeños comerciantes.
“Decir que subiendo precios de los productos habrá un cambio en los patrones de consumo de la gente es una gran mentira”, agregó.
Gravamen estéril
El director general de la consultoría Inteligencia Pública, Marco Cancino, coincidió en que elevar la carga fiscal a cigarros, refrescos, cervezas y bebidas energetizantes ha demostrado en la práctica que no sirve para desalentar su consumo ni sus ventas.
“Cuando se creó el IEPS a estos productos, el principal argumento era reducir su consumo y eso no ha sucedido, aunque parece que estos impuestos son una buena fórmula para obtener recursos adicionales y financiar el gasto público”, explicó en entrevista.
Para Cancino, usar la justificación de salud pública puede ser políticamente correcto, aunque si la estrategia del gobierno fuera realmente desincentivar el consumo de estos productos, los recursos deberían ser etiquetados para destinarlos a un fondo específico, cuyo objetivo sea prevenir y atender enfermedades ocasionadas por los mismos, pero no es el caso.
“Con estas medidas, pareciera que el gobierno está incentivando a la economía informal, porque está aumentando impuestos el sector formal y si la gente percibe que le costarán mucho más los productos, puede preferir el mercado informal, donde no tiene que pagar impuestos”, consideró.
Además concordó en que, ante el aumento de precios, los fumadores pueden preferir comprar tabaco en el mercado ilegal, mismo que puede estar vinculado con la delincuencia organizada.
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) calcula que 17% de los cigarros que se comercializan en el país son ilegales, cuya venta representa una evasión fiscal de 6 mil millones de pesos.
“Hoy es una buena oportunidad para pensar en una reforma hacendaria de fondo, que extienda la base gravable trasladando informales al sector formal, porque la carga tributaria está siendo bastante fuerte para los contribuyentes cautivos y las pequeñas y medianas empresas; además, la Federación debe asignar a estados y municipios más responsabilidad para recaudar”, opinó el director de Inteligencia Pública.
